Vox y Hazte Oír intentan acusar también a Begoña Gómez por los contratos en manos de la Fiscalía Europea

Dos de las acusaciones personadas en causa abierta en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de corrupción entre particulares y tráfico de influencias no quieren quedarse fuera de la imputación que tiene más visos de prosperar: la relativa a los contratos financiados con fondos europeos que se adjudicaron a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Juan Carlos Barrabés, al que se recomendó desde la cátedra que dirigía la imputada.

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Gómez, cedió a la Fiscalía Europea la investigación relativa a las ayudas recibidas por la UTE formada por Innove Next SLU, del Grupo Barrabés -que dirige Carlos Barrabés, quien "organizó el Máster de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada Begoña Gómez"-, y la Escuela de Negocios The Valley.

Según la Audiencia Provincial de Madrid esa es en la única parte de las diligencias abiertas por Peinado en la que "sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación". "Con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación, al menos", respecto a la UTE que resultó adjudicataria de dos contratos con Red.es, uno por 5,8 millones y otro por 4,4, después de que Gómez remitiera las cartas de recomendación, explicaba el auto.

De ahí que tanto Vox como Hazte Oír no quieran quedarse fuera de la acusación y hayan presentado un escrito solicitando su personación. El problema es que la figura de la acusación popular es una figura única de España y, por tanto, no está previsto que pueda admitirse su ejercicio en las diligencias seguidas por el ministerio público que actúa ante 22 Estados miembros de la Unión, con un sistema de supervisión entre sus miembros para garantizar la independencia de su actuación. Tampoco está previsto que acusaciones populares actúan en las diligencias de investigación que abre la fiscalía española antes de judicializar un asunto.

De hecho, la organización ultracatólica Hazte Oír reconoce que "el procedimiento de la Fiscalía Europea no admite acusaciones populares", lo que le ha llevado a solicitar la personación como "acusación particular". Lo que justificaba en que tenía intención de "dejar pasar ninguna oportunidad" e irían "con todo" contra la esposa del presidente del Gobierno. El problema es que ambos tipos de acusaciones no son intercambiables: la acusación particular es la fórmula bajo la que actúa en un procedimiento la víctima directa de un delito, mientras que la popular es una forma de que la ciudadanía pueda ejercer la acusación, al entenderse que el delito ha producido un daño a la sociedad en su conjunto, por eso es la que ejercen distintos colectivos y asociaciones.

En su escrito, Vox opta por defender la personación como acusación popular. Señala que "se trata de una institución jurídica regulada en nuestra Constitución, en concreto en el artículo 125", que establece que "los ciudadanos podrán ejercer la acción popular", lo que actúa como garantía del principio de tutela judicial efectiva, protegido tanto en el Tratado de la Unión Europea como en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Argumenta que "resultan contrarios a derecho la aplicación de las limitaciones, tanto por esta naturaleza como por la aplicación de criterios restrictivos para aplicar limitaciones al ejercicio de este derecho, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional".