Begoña Gómez también se querella contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, también ha presentado una querella contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, por presunta prevaricación, al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas, según especifica el escrito de 53 páginas, al que ha tenido acceso esta redacción, que destaca que estas actuaciones podrían ser "delictivas".

Varios días después de que la Abogacía del Estado, en representación del Pedro Sánchez, se querellase contra el juez, Begoña Gómez también ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) investigar al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.

"A pesar de la declaración como secreta de la causa, lo cierto, es que la causa incoada fue de conocimiento general para toda la ciudadanía desde el 24 de abril, con la consecuencia, para nuestra representada de verse como parte de un procedimiento penal, pero sin gozar de todas las garantías para su defensa desde su incoación, y enterándose de los avatares de su proceso por los medios de comunicación mientras a la misma se la privaba de cualquier acceso al mismo", lamenta el abogado Antonio Camacho en su escrito, que califica la actuación de Peinado de "sorprendente" pues "creó un secreto a la carta" que perjudicó a su representada.

Causa secreta

"Una vez que se levantó el secreto de las actuaciones", prosigue la querella del exfiscal y exministro del PSOE Antonio Camacho, supieron que el juez en una providencia de 17 de mayo había acordado "dar traslado del contenido de las declaraciones testificales que se habían llevado a cabo por cuanto, así lo permite el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), al contemplar la posibilidad de que las actuaciones puedan ser parcialmente secretas".

Por ello, considera que el juez Peinado dio traslado a Vox, como acusación popular, "de unas declaraciones y documentos de una causa aún secreta, puesto que no se levanta el secreto de las actuaciones hasta el día 24 de mayo". Y del mismo modo, mediante providencia de 23 de mayo "se dio traslado a las acusaciones populares Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias de las diligencias, documentos y testificales, antes de que el 24 de mayo se alzara el secreto de las actuaciones, habiéndose prorrogado el mismo el 16 de mayo, sin que en ningún momento se hubiese acordado un levantamiento parcial de este mediante resolución alguna".

Y estas decisiones, continúa la querella, suponen de hecho "dar un acceso ilegal a una parte de las actuaciones que, en todo caso, debería haber dado lugar a una declaración de que el secreto a partir de ese momento era parcial mediante auto, lo que no se hizo", lo que significa, según concluye este letrado, que ha podido cometer "un delito de prevaricación judicial".

Providencias y notas de prensa

"Entendemos que con su conducta el magistrado querellado ha cometido un delito de revelación de una causa secreta dando acceso a quien no debía a la causa secreta y dicha comisión queda acreditada a través de las providencias de 17 y 23 de mayo de 2024. Además, en cuanto a las notas de prensa emitidas por el Tribunal Superior de Justicia, difundidas por correo electrónico a los medios de comunicación mientras la causa estaba secreta, los indicios apuntan a que esta información también partía del magistrado instructor Juan Carlos Peinado, pues necesariamente éste tuvo que dar la autorización para su publicación y el traslado de la información sobre la causa al Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia que difunden la información del procedimiento declarado secreto, no una sino dos veces, a través de las notas de prensa de 24 de abril y 22 de mayo de 2024", destaca la querella.

Y esta actuación, prosigue el abogado Camacho, "ha perjudicado gravemente" a Gómez y "con un evidente daño a todo lo que la rodea, especialmente su esposo, el presidente del Gobierno, que desde el inicio de la filtración de la causa secreta se ha visto sometido a la presión mediática y política en relación a todo ello".

"Ha forzado las normas"

La querella considera, además, que Peinado ha efectuado una aplicación del derecho "incomprensible". Así, Camacho cree que el instructor "ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias". Y todo ello sin que las defensas puedan recurrir sus decisiones "dada la premura con la que ha venido acordando la práctica de diligencias de investigación".

En este sentido, explica que el instructor ha llevado a cabo "una instrucción inusual, errática y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra Doña Begoña Gómez", y que pretende investigar toda su vida "para tratar de determinar si en su conducta ésta ha cometido algún delito, lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico", dice el letrado, que apunta que estas actuaciones del instructor podrían "buscar un impacto político y social", o simpletemente "obedecen a un desmedido afán de protagonismo mediático".

Asimismo, Camacho llega incluso a calificar de "estrambóticas" algunas decisiones del instructor , "que podrían ser calificadas de ocurrencias, sino fuera por las consecuencias perniciosas que ello ha generado", y que evidencian "una hostilidad y sobreactuación en su papel como magistrado instructor. Se refiere en concreto a que Peinado puso "en duda la actuación de terceros, como se hizo con la directora de Seguridad del complejo de Moncloa o el propio Ministerio Fiscal". En concreto, alude a la decisión del magistrado de hacer un informe sobre el número de veces que acudía el fiscal al Juzgado, y sobre el motivor por el que Begoña Gómez no recibió en persona su citación como investigada, sino a través de otra persona "por delegación".

Por todo ello, concluye el abogado, "no cabe hablar en este caso de una actuación simplemente de mala praxis o actuación incorrecta", pues por su conducta desarrollada "solo podemos llegar a la conclusión de que nos encontramos ante una actuación arbitraria e injusta".

Si el TSJ madrileño acepta a trámite la querella de Gómez, Peinado tendría que apartarse de la causa en la que permanecen investigados la mujer de Pedro Sánchez, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.