Un ex cargo de Interior declara que un comisario de confianza de Marlaska le puso en contacto con la trama Koldo

El ex subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la Secretaría de Estado de Seguridad Daniel Belmar ha asegurado al juez del caso Koldo, Ismael Moreno, que fue el comisario jubilado José Antonio Rodríguez quien le facilitó el contacto de la trama de las mascarillas, en concreto le dio el teléfono del directivo de Soluciones de Gestión SL Iñigo Rotaetxe, uno de los investigados en el procedimiento, según han asegurado a esta redacción fuentes presentes en su declaración como testigo, que se ha celebrado este jueves por la mañana en la Audiencia Nacional.

Rodríguez, conocido en la Policía con el apodo de 'Lenin', es considerado como una de las personas de la máxima confianza del ministro Fernando Grande Marlaska, quien le ha nombrado al frente del puesto clave de Director general de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. El Ministerio de Marlaska compró a la trama mascarillas por un valor superior a los tres millones de euros.

Daniel Belmar, quien ocupó durante la pandemia la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras, defendió en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado que "no se ocultó nada" sobre la adjudicación del contrato de mascarillas con la empresa de la trama del caso Koldo y que, además, comprobaron que cumplía los requisitos legales en un contexto en el que existían serios problemas con el suministro del material sanitario.

Michaux Miranda

También ha comparecido aunque en su caso en calidad de investigado el que fuera jefe de Personas de ADIF Michaux Miranda, quien solo ha respondido a las preguntas del fiscal y de su defensa. Las fuentes consultadas aseguran que ha explicado los pormenores de la adjudicación a Soluciones de Gestión y del contrato y cómo el tiempo "le dió la razón de lo acertada" que fue la decisión.

Adjudicación que según ha completado este excargo de Adif ha sido fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado, (que no observaron ninguna irregularidad en la adjudicación) y por el propio consejo de administración de ADIF. Este organismo, ha explicado al juez, le llegó a felicitar "por la rapidez con que se tramitó la adjudicación y por el cumplimiento escrupuloso de la misma, por parte de Soluciones de Gestión, que en el plazo de un mes había entregado los 5 millones de mascarillas a satisfacción del cliente".

En cuanto a la contratación de la trama por parte de ADIF, Miranda ha asegurado al juez que no hubo ninguna orden, solamente que la presidenta de la empresa pública Isabel Pardo de Vera "le pasó los contactos de Soluciones de Gestión. Y como esta era la empresa que estaba contratada ya por Puertos del Estado eso garantizaba la ejecución del contrato".

Asimismo, ha asegurado que se valoraron otras opciones: unas cuatro empresas más que no podían cumplir con los plazos de emergencia de la situación. También ha destaca que "no hubo ninguna presión para la adjudicación a Soluciones", la cual "ofrecía más garantías por estar ya trabajando para Puertos del Estado". Ha concluido que esta firma finalmente "cumplió con lo comprometido y en los plazos establecidos".