El PP reclama al juez del caso Koldo que acelere el análisis de los teléfonos en busca de conexiones entre la trama y Begoña Gómez

El Partido Popular ha presentado en la Audiencia Nacional un escrito con el que pretende que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, dé un impulso procesal a la causa con la intención de descubrir las posibles conexiones entre el comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama y Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo considera que el presidente del Gobierno debió ausentarse de las deliberaciones y votaciones de los Consejos de Ministros que comprometieron 795 millones de euros de dinero público, pues creen que estas decisiones favorecieron a una empresa "vinculada" con su mujer, en alusión a Globalia-Air Europa, que "también tenía en nómina a Aldama”.

En el documento, fechado el pasado 16 de septiembre, y al que ha tenido acceso esta redacción, la formación conservadora pide al magistrado que reclame a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informe "sobre el número de dispositivos intervenidos, estado del clonado, extracción y análisis de los datos contenidos en los dispositivos intervenidos".

Y hace esta reclamación, prosigue el documento enviado por el PP a la Audiencia Nacional, porque ya han "transcurrido siete meses desde las entradas y registros" [...] "y no se ha tenido noticia sobre el número exacto de dispositivos intervenidos, de la situación de clonado de los dispositivos intervenidos y, desde luego, no se ha tenido noticia del resultado de algún análisis que se haya podido realizar de dichos dispositivos".

Comisión del Senado

A nivel político, el volcado de los móviles siempre ha sido el elemento en el que los conservadores reconocían tener mayor confianza. De hecho, con el arranque de la comisión sobre el caso Koldo en el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta y ha ido fijando la lista de comparecientes según su interés- en la dirección nacional ya reconocían que la capacidad era “limitada” porque las diligencias continúan, y porque la información sobre la trama depende de cómo avance la investigación.

A eso se suma que los imputados que acudieron a la llamada parlamentaria evitan desvelar cualquier dato que pueda perjudicar su defensa ante el juez. Pero, a pesar de las dificultades de poner en marcha una comisión de investigación política en paralelo a la judicial, el PP sigue considerando que el cerco sobre el Gobierno y especialmente sobre Sánchez continúa. Y los más veteranos dentro del PP insisten en que la corrupción puede ser el elemento de mayor desgaste para un presidente que llegó al poder por primera vez a través de una moción de censura en nombre de la regeneración. “Nosotros tuvimos la Gürtel y sabemos de lo que hablamos”, reconocen algunos dirigentes a este periódico.

Con todo, en el PP están convencidos de que las ramificaciones que afectan a la vida personal de Sánchez -especialmente a su mujer- pueden acarrear una crisis de gran dimensión si tras el volcado de los móviles se pueden demostrar esas conexiones entre los contactos que tenía Begoña Gómez en sus actividades profesionales y las decisiones del Gobierno. En medio, recuerdan, siempre está Ábalos, que durante tanto tiempo “lo fue todo” para Sánchez y para el PSOE.

170 dispositivos

En el escrito dirigido al juez Moreno, el PP también recuerda que han pasado cuatro meses desde que la Guardia Civil advirtiera, en un informe dirigido al instructor, de que los efectos informáticos intervenidos se estimaban en más de 170 dispositivos. "La UCO ponía de manifiesto que no podía facilitar el número exacto por haber bolsas de precinto con más de un dispositivo. A fecha de ese informe, se habían clonado y extraído 76 dispositivos. Por último la UCO informaba de que, dado el volumen de dispositivos informáticos pendientes de clonar se preveía el apoyo técnico de Europol, para agilizar las tareas de clonado y extracción de la información", dice el abogado del Partido Popular.

Precisamente el pasado el 30 de abril el letrado de la formación conservadora Alberto Durán reclamó los audios de los teléfonos de Víctor de Aldama, de los del exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García Izaguirre; del otro comisionista de la trama corrupta, Juan Carlos Cueto; del empresario Iñigo Rotaetxe, –quien tenía a su nombre la empresa Soluciones de Gestión SL, que recibió multimillonarios contratos de las Administraciones públicas gobernadas por los socialistas–; de la mujer de Koldo, Patricia Uriz Iriarte; y del suboficial de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García.

La formación liderada por Núñez Feijóo también había reclamado al magistrado que le entregara el resto de evidencias que los agentes hubieran podido conseguir durante el tiempo que fueron autorizados a realizar las grabaciones policiales, en concreto entre el 11 de septiembre de 2023 y el 28 de enero de 2024. Es el caso de los datos obtenidos gracias a los medios técnicos de seguimiento y localización, pero también las grabaciones de comunicaciones orales; incluidas las transcripciones de todos los audios obtenidos.

Pagos desbloqueados

Por otra parte, Koldo García Izaguirre ha solicitado al juez que desbloquee los pagos de la mercantil Erikapat Consultoría Internacional SL hacia su persona en concepto de nóminas y de cotizaciones a la Seguridad Social dado que, sostiene, la actividad de esa empresa es real y su relación laboral como empleado, también, según informa Europa Press. Así, el letrado del exasesor solicita que se autorice el pago por parte de la empresa de las dos nóminas que se le adeudan (alrededor de 3.000 euros por dos meses) y las sucesivas que se pudieran generar mes a mes.

En abril el magistrado acordó que el exasesor del exministro José Luis Ábalos en su etapa al frente de Transportes pudiera disponer de un importe mensual de 1.300 euros para "atender necesidades de la unidad familiar", al tiempo que, en consonancia con el criterio del fiscal, no autorizaba los pagos al exasesor en concepto de nómina desde Erikapat Consultoría Internacional S.L.