El Gobierno de España recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo para menores migrantes en Canarias

El Gobierno de España recurrirá al Tribunal Constitucional el protocolo elaborado por Canarias para ordenar la recepción de niños y adolescentes migrantes no acompañados. El Consejo de Estado respalda, por unanimidad, la decisión del Ejecutivo central, si bien cree que el planteamiento se queda corto. En su dictamen, el órgano consultivo subraya que el conflicto de competencias que expone el Gobierno de España es insuficiente y que la medida vulnera los derechos fundamentales de estos niños. Aunque el Consejo de Estado da el visto bueno para llevar a Canarias ante el Tribunal Constitucional, llama a la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para enfrentar la crisis migratoria, recordando la importancia de la lealtad institucional en la gestión de este fenómeno.

El dictamen insta al Gobierno a impugnar la norma canaria, lo que conllevaría automáticamente la suspensión del protocolo durante un plazo de hasta cinco meses. Según el Consejo de Estado, la actuación del Gobierno autonómico canario viola el orden constitucional al afectar a los derechos que asisten a los menores en situación de abandono, algo que no puede limitarse a una cuestión meramente competencial. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que el pasado viernes suspendió el protocolo de forma "cautelarísima", se abstendrá hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

Falta de recursos

El Consejo de Estado recalca que, según la ley, convenios y tratados internacionales suscritos por España, las autoridades autonómicas están obligadas a atender y acoger a los menores migrantes no acompañados desde el momento en que son localizados y entregados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dictamen desmonta el argumento del Gobierno canario respecto a las dificultades para la identificación y la falta de recursos, afirmando que esas circunstancias no justifican el rechazo o la demora en la atención que requieren los menores.

El dictamen reconoce que las razones del Gobierno canario para aprobar el protocolo pueden ser comprensibles, pero insiste en que la exigencia de una resolución judicial o administrativa para cada menor es ilegal. Según el Consejo de Estado, esto constituye un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia que el derecho español e internacional garantizan a los menores migrantes no acompañados.

Derecho a la protección y asistencia

El protocolo canario condiciona la recepción de los niños a la disponibilidad de camas libres en los centros de acogida, pero el Consejo de Estado considera que la ausencia de plazas no puede ser excusa para rechazar la entrega de los menores, pues la comunidad autónoma tiene "la obligación de proveerlas". A juicio del órgano consultivo, la suspensión de la recepción constituye "un incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia" a los niños, "que incumben a la Comunidad Autónoma de Canarias". Al mismo tiempo, supone una "vulneración del derecho a la protección y asistencia especial que resulta imprescindible para garantizar su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física".

El dictamen del Consejo de Estado señala que el hecho de que la protección y asistencia de los niños pudiera ser prestada "eventualmente" por el Estado o por otra comunidad autónoma que no sea Canarias, no quita fuerza a los "vicios de inconstitucionalidad, tanto competenciales como sustantivos", que se aprecian en la negativa del Gobierno canario a acoger más menores.

Entre las vulneraciones que destaca el Consejo de Estado está el derecho a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución, al considerar que se discrimina a los menores extranjeros no acompañados. Además, sostiene que se menoscaba su derecho a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicas.

El protocolo canario exige que la entrega de los menores a los servicios autonómicos de protección con una “resolución administrativa individualizada” de asignación dictada por “el órgano competente del Estado”, previa audiencia del menor y con intervención del Ministerio Fiscal. Si bien, el dictamen sostiene que, "practicadas las oportunas diligencias", se pondrán los menores a disposición de, "sin necesidad de una resolución administrativa individualizada".

Ley de extranjería para un reparto "justo"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, tras exponer varios pasajes del dictamen del Consejo de Estado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, concluyó que "una comunidad autónoma no puede no cumplir con sus propias competencias y atribuir otras al Estado". También aseguró que el Gobierno de España "seguirá trabajando" para la modificación el artículo 35, de la ley de extranjería, para lograr la distribución de los menores migrantes por todo el territorio nacional, algo que considera que es "lo justo".

Torres señaló que la voluntad del Ejecutivo central es convocar "en los próximos días" un encuentro de trabajo con el Gobierno de Canarias y con el Partido Popular, para abordar la modificación legislativa y acercar posturas. "Aunque la reunión no será definitiva, espero que sea definitoria", señaló el ministro, quien lamenta que la reforma no arrancara el pasado 23 de julio debido a los votos en contra de PP, Junts y Vox, porque "ya estaríamos derivando a menores desde Canarias". 

El Consejo de Ministros solicitó el pasado martes a la Comisión Permanente del Consejo de Estado un dictamen con carácter urgente sobre el acuerdo por el que se plantea conflicto positivo de competencia a Canarias, una medida impulsada por el ministro canario. En aras de evitar el conflicto entre administraciones, también se dieron un plazo de siete días para convocar la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, cuya reunión arrancó hoy a las 12 de la mañana de manera telemática. Según detalló Torres, esta reunión se produjo hoy a petición de Canarias, a pesar de que ya no puede tener ningún efecto, pues una vez emitido el dictamen del Consejo de Estado el Ejecutivo debe acudir al Constitucional.