El PP mantuvo una discusión jurídica durante varios días sobre la norma legal que rebaja las penas a etarras

Detrás del “error parlamentario y colectivo” con el que el PP resume la crisis interna que vive desde hace días, cuando se dio cuenta de que había respaldado una reforma legal impulsada por el Gobierno que permitirá rebajas de penas a presos de ETA, hay una fuerte discusión jurídica que no se ha resuelto. El partido decidió asumir ese “enorme fallo” -que ha provocado un terremoto interno- como la tesis oficial, teniendo en cuenta que en pocos meses podría haber un listado de etarras que salen a la calle o ven sensiblemente rebajada su condena por la transposición de una normativa europea que todos los partidos apoyaron. Y que derogaba, precisamente, una excepción que el Gobierno de Rajoy aprobó en 2014 para evitar esta situación.

La formación decidió pedir perdón en su conjunto, asumir lo ocurrido y enmendarse -sin éxito- al pedir al Gobierno que diera marcha atrás. Pero la realidad es que hubo dirigentes que defendieron una interpretación distinta, convencidos de que la normativa europea no implicará necesariamente esa rebaja de penas, y que entendían que debía “transponerse” como es habitual.

Todo comenzó cuando el pasado viernes el partido supo que ‘El Confidencial’ iba a destapar que todos los grupos políticos -también PP y Vox- habían respaldado una reforma legal que permitiría excarcelaciones de etarras. El pánico cundió y a lo largo del fin de semana se produjeron conversaciones y reuniones sin parar para intentar entender qué había ocurrido.

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Desde la dirección del grupo parlamentario, con el portavoz Miguel Tellado y la secretaria general, Macarena Montesinos a la cabeza, se defendió la posición llevada a cabo en la tramitación parlamentaria. La diputada María Jesús Moro -que trabaja también junto a Esteban González Pons en la vicesecretaría Institucional del partido, donde se integra Justicia- actuó como ponente de la ley en sustitución de otra compañera de bancada, la gallega Ana Vázquez.

Y según ha podido saber este periódico, durante el pasado fin de semana Moro -a la que una inmensa mayoría de diputados señalan como “de lo más riguroso” que hay en el grupo- defendió su interpretación jurídica hasta el final, asegurando que la reforma legal no tendría los efectos que salían publicados en los medios de comunicación. En la discusión jurídica, además, también participaban asesores de cabecera de la dirección del grupo. La postura fue tenida en cuenta hasta el punto que durante ese fin de semana la cúpula conservadora la defendía como propia. Pero, al final, algo cambió. Y la decisión fue admitir el error e intentar revertirlo en la medida de lo posible, aunque apenas exige margen.

La imagen de que el PP hubiera podido contribuir a una rebaja de penas de presos de ETA -como sostienen otros muchos juristas, también desde las asociaciones de víctimas como la AVT- era tan “dolorosa” para el partido, dicen algunos dirigentes, que no había otra salida. Pero la realidad, según constatan algunos dirigentes, es que el debate jurídico sigue vivo.

De hecho, como publicó ayer este periódico, esta norma no tendrá efectos sobre algunos etarras como Txapote, que terminaría su condena en 2031. El motivo es que la Audiencia Nacional ya le acumuló esa pena cumplida en Francia -como dice la normativa europea- en 2014 cuando Rajoy estaba en el Gobierno. Y que ahora no se vería beneficiado de nuevo. Sí podría afectar, en todo caso, a otros presos de la banda terrorista.

¿Error o decisión tomada?

La realidad es que la propia actuación del PP en la tramitación parlamentaria prueba que hubo, al menos, dudas acerca de la reforma. Y que sí se leyeron los papeles y tuvieron en cuenta distintas variables. Como publicó este periódico, la propia diputada Moro -que estuvo en la reunión del 31 de julio en la que se constituyó la ponencia de la ley con apenas 48 horas de aviso y se terminaron votando las enmiendas presentadas, algo que tampoco estaba previsto en principio- votó en contra de las planteadas por Sumar. Entre ellas, la que derogaba la disposición adicional única del Gobierno del PP que incluía la rebaja de penas. 

En efecto, como explican algunos diputados del PP, María Jesús Moro “desconfió” de la enmienda y decidió votar en contra aquel día, aunque luego el dictamen sí salió adelante, y el partido terminó aprobando en pleno la reforma legal como el resto de partidos políticos. 

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Aunque desde el grupo insisten en que hubo un error que fue centrar toda la atención en las enmiendas de Junts -sospechando que podían buscar favorecer la situación de Carles Puigdemont- en el partido vieron algo raro en la enmienda de Sumar, pero luego concluyeron que la transposición de la norma debía hacerse. Algunos dirigentes apuntan a que la redacción generalizada y basada en los antecedentes penales impidieron que pensaran en el caso concreto de los etarras.

En todo caso, el debate interno que produjo la posición defendida prueba que no fue un error sin más, sino que realmente, reconocen algunos dirigentes, “las cosas se leyeron y se estudiaron”. En el grupo parlamentario hay dirigentes que sí creen que “no se midieron bien las consecuencias” de lo que se aprobaba.

La posición ha desatado un profundo malestar en todas las capas del partido, y el temor de que se extienda a las bases. Y a eso se suma, aseguran, la petición de algunos dirigentes de que haya depuración de responsabilidades para lanzar un mensaje de que “cuando las cosas no se hacen bien, hay consecuencias”. En la cúpula mantienen la posición de que no habrá señalamientos individuales ni cabezas de turco porque hubo fallos “en todos los niveles” y no tendría sentido, aseguran, represalias personales. Lo que todos los dirigentes consultados por este periódico asumen es que “el ruido continuará” y las réplicas de la crisis también, aunque la nueva tormenta del caso Koldo ha vuelto a desviar el foco al Gobierno.