El choque entre PP y PSOE para renovar órganos pendientes abre hueco a Bildu en la Junta Electoral

Una vocal de la Junta Electoral Central (JEC) con perfil “plurinacional”. ERC y Bildu ven una ventana de oportunidad para elegir a su propuesta a uno de los miembros del órgano superior de la administración electoral y apuntan a una jurista de su órbita. Este órgano está pendiente de renovación desde las pasadas elecciones generales y la falta de entendimiento entre PP y PSOE abriría un hueco a los socios parlamentarios, como trasladan fuentes de estos grupos. Desde el PSOE aseguran que su prioridad pasa pactar esta renovación, junto a la de otros órganos pendientes, con el PP, pero reconocen la falta de avances. Asimismo, asumen que los últimos choques con los populares producidos esta semana los alejan todavía más, por lo que no desdeñan un plan B sin el concurso del PP.

De los actuales cinco miembros de la JEC a propuesta de los partidos, dos fueron elegidos por el PSOE, mientras que PP, Unidas Podemos y Vox propusieron un vocal cada uno. Cuando las negociaciones parecían encauzadas el pasado mes de julio, tras pactarse entre el Gobierno y el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la intención ya era dejar fuera a los de Santiago Abascal. Ahora, si sigue sin haber entendimiento, la puerta estará abierta para otras formaciones. “Si no los proponemos nosotros, los propone la derecha”, apuntan desde uno de los grupos que nunca ha participado en la elección de estos vocales.

Sánchez acelera la normalización de Bildu con banderas sociales: de la ley de vivienda a la mordaza

Desde los grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo de coalición trasladan que en las negociaciones para fijar el reparto de los nuevos vocales de la JEC no hay vetos cruzados. Se blindaría así, según explican las mismas fuentes, la presencia de Sumar “dentro del cupo del Gobierno”. El CGPJ se ocupa de los otros ocho asientos de la JEC, que se sortean entre magistrados del Tribunal Supremo y de los que saldrá tanto el nuevo presidente como el vicepresidente para afrontar el mandato de esta legislatura.

La imposición unilateral del exministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España (BdE) volvió a romper los puentes entre el Gobierno y el PP para abordar otras renovaciones pendientes. Además de la JEC, siguen pendientes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional de la Energía (CNE), donde Junts o PNV podrían tener asiento, el Tribunal de Cuentas y RTVE. La renovación de los consejeros del ente público es ahora mismo la prioridad del Gobierno.

Aunque el nombre de la vocal que desde Bildu han puesto sobre la mesa no sería estrictamente una cuota de partido, sino más compartida con las formaciones que se encuadran dentro del marco de la “plurinacionalidad”, su participación en la elección supondría un nuevo en su acelerada normalización institucional. Los abertzales ya apoyaron los sucesivos Presupuestos y se convirtieron en socios habituales de Pedro Sánchez. Lo hicieron priorizando el eje social y aparcando el identitario, lo que les granjeó concesiones por parte del Ejecutivo. La más reciente ha sido la reforma de la ley mordaza, una bandera que ambicionaba todo el arco progresista.

Normalización institucional y Presupuestos

Con la nueva aritmética parlamentaria, en la que todos los socios son imprescindibles para garantizar la legislatura, Sánchez ha apostado por el equilibrio en el reparto de banderas. En el PSOE son conscientes de que necesitan recomponer el puzle de la investidura para allanar los Presupuestos y contentar a todos, aun a costa de asumir una subida en el precio de los apoyos por la espiral competitiva. De hecho, el acuerdo con EH Bildu para derogar algunos de los artículos que consideran más lesivos de la ley mordaza, y a lo que se habían opuesto ahora los socialistas, y principalmente el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha generado tensiones en el PNV.

Desde Bildu han desmarcado el acuerdo para desbloquear la reforma de la ley mordaza con la negociación de las cuentas públicas para el próximo año. Si bien su portavoz, Mertxe Aizpurua, señalaba esta semana que ya avanzaron en las negociaciones antes de decirse la prórroga, al tiempo que pedía corresponsabilidad al resto de socios y el Gobierno para garantizar la estabilidad de la legislatura. Por otra parte, negaba que su formación pusiese sobre la mesa de negociación la situación de los presos etarras, después de la polémica reforma que rebajará penas al computar las condenas cumplidas en cárceles fuera de Espa.