La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación de Ábalos en el caso Koldo

La Fiscalía Anticorrupción considera que en el caso Koldo hay indicios suficientes para que se investigue al exministro José Luis Ábalos por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal, después del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aportado a la causa, en el que se describen los presuntos favores que el exministro de Transportes habría prestado a la trama a cambio, por ejemplo, de disfrutar de un chalé.

Los favores de Koldo a la trama que salpica a Ábalos se extendían a otros ministerios y a Comunidades

Por ello el ministerio público ha informado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a favor de que eleve una exposición razonada, dado que al ser diputado solo la Sala Segunda del alto tribunal puede investigarle y, en su caso, juzgarle. Nada más conocer el informe del instituto armado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 dio el primer paso en este sentido al solicitar al Congreso que le acreditara que Ábalos cuenta con un escaño en la Cámara baja.

La contundencia del informe de la Guardia Civil es tal que no hay dudas de que el magistrado terminará elevando una exposición razonada para elevar al Supremo los indicios contra el exministro más allá de cuándo se producirá. El informe le atribuye un papel "relevante y de responsabilidad" en su relación con la trama Koldo a través de su asesor Koldo García y de este con el comisionista Víctor de Aldama, lo que supone también, con "la organización criminal dinamizada por este último".

Una organización que supera con creces el negocio de la venta de mascarillas durante la pandemia a la que en un principio se redujo el caso Koldo. El informe de la UCO apunta a que el exministro de Transportes se reunió con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, porque así lo quiso Aldama por los negocios empresariales que mantenía con el país latinoamericano.

Retira su recurso para ser perjudicado

 Por otro lado, Ábalos ha rechazado insistir ante la Sala lo Penal de la Audiencia para que el juez Moreno le dejara ser parte del procedimiento en calidad de perjudicado.

En este recurso reclamaba también que se permitiera la aportación de la pericial con la que pretende combatir las conclusiones del informe de auditoría impulsado por su predecesor, Óscar Puente, que considera "tendenciosas". Este informe apunta irregularidades en los dos contratos con la firma Soluciones de Gestión para la compra de 13 millones de mascarillas por 32,5 millones de euros al inicio de la pandemia.