¿Por qué ha imputado el Supremo al fiscal general del Estado? 7 claves de la investigación

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución inédita: la imputación de un fiscal general del Estado, mientras sigue en el ejercicio de su cargo. El auto de la Sala Segunda, que acepta la exposición razonada elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Álvaro García Ortiz y la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pone mucha atención a explicar por qué lo hace y qué debe investigarse. Estas son las claves de la resolución del alto tribunal que abre por primera vez un procedimiento al fiscal general para investigar si cometió o no un delito de revelación de secretos a través de la difusión de una nota informativa.

El Supremo imputa al fiscal general del Estado por la revelación de datos de la pareja de Ayuso

¿Qué se investiga?

El pasado 14 de marzo, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota informativa en la que se detallaba que el 2 de febrero la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había ofrecido al fiscal que le investigaba por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental admitir los dos primeros y pagar la correspondiente multa. La nota pretendía desmentir una información de 'El Mundo' que señalaba que el ofrecimiento partía del fiscal del caso y que sus superiores lo habían frustrado, pero el mail del abogado del empresario deja claro que la iniciativa era suya. El comunicado difundido a los medios motivó la interposición de denuncias y querellas por parte del propio González Amador y del Colegio de la Abogacía de Madrid por un delito de revelación de secretos, lo que llevó al TSJM a abrir un procedimiento.

¿Por qué se ocupa el Supremo?

El pasado 11 de junio, el fiscal general del Estado remitió un escrito al Tribunal Superior de Justicia madrileño en el que asumía la responsabilidad de la nota, lo que supuso que el magistrado instructor, Francisco Goyena, elevara una exposición razonada ante el Supremo, dado que García Ortiz es aforado y solo puede responder ante él. La Sala Segunda la ha aceptado, porque la publicación de la nota "no se hubiera producido sin la autorización y orden expresa" del fiscal general. Además, ha decidido que junto a él también investigará a la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que sus conductas son inescindibles y deben ser investigadas y, en su caso, juzgadas juntas.

¿De qué se les acusa?

Tanto el fiscal general como la fiscal jefa madrileña están imputados por un delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 417 del Código Penal, que castiga a "la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento de por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados". Esa conducta está castigada con una pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

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¿Cuándo se produce ese delito?

El auto del Supremo explica que el "núcleo" de ese delito consiste en "revelar", es decir, "poner en conocimiento de un tercero ya sea en forma oral, escrita o de cualquier otro modo -también permitiendo el acceso ajeno al soporte que contiene la información- algo que el tercero no conocía previamente y que no estaba legitimado para conocer".

Por eso, en el caso del fiscal general resulta determinante saber si los datos contenidos en la nota de prensa se conocían o no. En este sentido, la propia resolución que abre el procedimiento cita las informaciones de la Cadena Ser y de El Periódico de España, en los que ya se informaba del intento de la defensa de González Amador de llegar a un acuerdo con la fiscalía y asumir los delitos fiscales imputados.

Pero también recuerda que "constituye una de las garantías del investigado, el carácter reservado de la investigación de la que está siendo objeto", por lo que los datos contenidos en la nota afectaron a su derecho de defensa.

Instrucción "inconclusa"

Aunque el auto llega a afirmar que "aparentemente no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos" por los que se investiga a la pareja de la presidenta madrileña, lo que evitaría el delito, el Supremo señala que "de la instrucción de la causa practicada en el TSJ y en concreto de la declaración del fiscal de Delitos Económicos, que llevaba el asunto, se desprende que horas antes de la nota de prensa", los correos que cruzó con el letrado de González Amador "fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa Provincial".

Así, en opinión del Supremo, el TSJM dejó "inconclusa" la instrucción, cuando el fiscal general asumió la responsabilidad de la nota, "en cuanto a extremos relevantes y necesarios para valorar el elemento del tipo que estamos analizando, en concreto, como tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa Provincial", puesto que dispusieron de ellos ambos "para elaborar y consensuar la nota informativa".

¿Se perjudicó a la defensa?

El Supremo considera prematuro determinar si se produjo un perjuicio para González Amador con la nota, aunque considera que "al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio" a su derecho de defensa, porque se conoció que en el correo electrónico que envió su abogado comunicaba que "es voluntad firme de este alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT".

¿Renunciará el fiscal general?

Desde que el TSJM elevó la exposición razonada al Supremo, el fiscal general ha ido adelantando que no renunciaría al cargo. En un comunicado hecho público tras conocerse la resolución del alto tribunal ha explicado que considera que es lo "menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo", así como que hacerlo "refuerza la independencia de la fiscalía española". Además, destaca la relevancia de la decisión que adopte el alto tribunal porque entre las funciones constitucionales del ministerio público está la de informar a la ciudadanía de los asuntos judicialmente relevantes.