Crisis migratoria

¿Se puede devolver a los menores a su países de origen?

Expertos avisan de que el proceso es largo, tedioso y con resultados casi nulos

Clavijo esperará 15 días por el acuerdo de PP y PSOE

Menor rescatado por Salvamento Marítimo llega al puerto de San Sebastián de la Gomera, el 10 de octubre.

Menor rescatado por Salvamento Marítimo llega al puerto de San Sebastián de la Gomera, el 10 de octubre. / Fran Villalba / EP

Laura López/ Efe

Cansado de esperar por un acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas que desbloquee la reforma de la ley de extranjería y permita un reparto obligatorio a otras regiones de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, el Ejecutivo de Fernando Clavijo explora poner en marcha traslados a los países de origen, como Marruecos o Senegal. Se trataría de una alternativa ante la saturación de los recursos de acogida en Canarias –con alrededor de 5.800 niños y adolescentes bajo tutela de la Comunidad Autónoma-.

La base es el artículo 35.2 de la ley de extranjería, que permite a las comunidades autónomas «establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia».

«Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las comunidades autónomas de la situación de los mismos», añade ese artículo.

Pero, ¿es posible poner en marcha este mecanismo?

Según diversas fuentes expertas en derechos de la infancia y migración, aunque este instrumento está contemplado en la ley, su correcta aplicación exige un exhaustivo estudio caso por caso en función del interés superior del menor –para lo que son necesarios muchos medios técnicos y largos plazos– que habitualmente concluye que lo mejor para él es quedarse en España.

Mejor con su familia

La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, explica que la Convención de los Derechos del Niño establece que, a priori, lo mejor para un niño es estar con su familia y por eso esta es la primera opción que hay que valorar cuando se atiende a un niño o adolescente que llega solo a España. Pero para que llegue a producirse una repatriación ha de acreditarse que se trata de lo mejor para el joven, algo que no es sencillo.

Según explica la letrada Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, en esos casos habría que recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación socioeconómica de la familia para comprobar que el joven va a ser bien atendido en su retorno. Además, es un procedimiento en el que el menor tiene derecho a ser escuchado, a tener un abogado y a recurrir ante un juez si no está de acuerdo con la decisión; lo que, en la práctica, lo convierte en un proceso «difícil» y lento.

Sistema de acogida del país

Otra opción es repatriar al menor y ponerlo a disposición del sistema de protección del país en cuestión, pero, de nuevo, hay que justificar que esta decisión atiende su interés superior.

En ese caso, hay que hacer una valoración de si el sistema de atención del país de origen cuenta con las garantías necesarias, como centros de protección adecuados o profesionales especializados. Debe hacerse «caso a caso, valorando las circunstancias específicas de cada niño y cada niña, incluyendo escucharles, porque tú tienes que saber si ellos quieren volver o no», señala Perazzo.

En opinión de la coordinadora jurídica de CEAR, Elena Muñoz, conociendo la realidad de los sistemas de Marruecos y Senegal, es «difícil» que una valoración en función del interés superior del menor concluya que van a estar mejor en un centro de menores allí que en España.

Para este tipo de derivaciones serían útiles los acuerdos bilaterales, como ha referido Clavijo con un primer contacto con el gobierno marroquí, pero siempre en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y nunca de forma generalizada.

A este respecto, los especialistas recuerdan el caso de las devoluciones de menores en Ceuta en 2021, que se realizaron bajo el pretexto de un acuerdo firmado con Marruecos pero, según confirmó el Tribunal Supremo en enero de este año, fueron ilegales.

En cualquier caso, esta vía no sería una solución rápida ni aplicable de forma masiva, como necesitaría Canarias para aliviar la actual saturación de sus recursos –en un año ha pasado de tener 20 centros de acogida a 81–.

La última memoria de la Fiscalía General del Estado, la de 2023, hace referencia a un solo caso de repatriación de menores; sobre 2022 recoge dos casos y en relación con 2021, ninguno.

Acogimiento transfronterizo

En los últimos días, otras voces como el PP han puesto sobre la mesa la posibilidad de involucrar a otros países de la Unión Europea en la acogida de estos menores.

El llamado acogimiento transfronterizo está recogido en la ley de 2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y en el reglamento europeo 2019/1111 pero, de nuevo, se debe aplicar bajo un análisis individualizado que tenga como resultado que esa opción es la mejor para el menor.

Por ejemplo, porque tiene familia u otras personas de referencia en ese otro Estado. Un proceso que, según las fuentes consultadas, no se ejecuta en prácticamente ningún caso y tampoco se podría realizar de forma masiva.

Traslado a un tercer país

Otra herramienta que contempla el derecho internacional es el reasentamiento en un tercer país, pero esta es una medida de atención humanitaria pensada para personas refugiadas que están en otro país en conflicto o donde no se garantizan sus derechos con el fin de que sean protegidos en un lugar seguro.

En los últimos días, ha sido objeto de polémica el modelo del Gobierno italiano de Georgia Meloni, que ha trasladado a 16 migrantes a centros construidos en Albania para gestionar allí sus solicitudes de asilo. La medida la tumbó ayer la justicia italiana no cuenta con el favor ni del Gobierno central y del canario y que, en cualquier caso, no se contempla para menores.

Acogida entre comunidades

El mejor camino, pues a seguir es la fórmula que persiguen desde hace meses el Gobierno central y el canario: establecer un mecanismo de acogida entre todas las comunidades autónomas. En opinión de Perazzo, el número de jóvenes que se derivarían «no es inasumible» para el conjunto del país. «La pena es que parece que se ha vuelto una cuestión política», lamenta.

Clavijo advierte que si en dos semanas no hay resultados políticos «Canarias tomará sus propias decisiones».