Ábalos y Koldo intentaron hacer negocios en Guinea tras abandonar el Gobierno

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, tras abandonar en julio de 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez, acompañó a Guinea Ecuatorial a su exasesor Koldo García Izaguirre, que pretendía hacer negocios en este país africano, según se desprende del sumario del caso Koldo y ha podido confirmar esta redacción de fuentes de los propios investigados.

Estas fuentes relatan que el exministro acudió a Malabo, la capital guineana, en agosto de 2021 y a principios de 2022, aunque no concretan la fecha. En esos dos viajes, Koldo García Izaguirre habría realizado gestiones en representación de la empresa Instalibero District SL, administrada por el empresario Manel Sallés Carceller, que le transfirió desde marzo de 2022 un total de 20.416 euros "en concepto de empleado por cuenta ajena".

En concreto, habría trabajado para esta firma, con la que tenía una nómina, a nivel comercial, para hacer relaciones internacionales. Con estos fondos, el que fuera asesor de Ábalos habría sufragado los viajes a Guinea Ecuatorial de su exjefe, explican las fuentes consultadas, que aunque reconocen que el exministro mantuvo encuentros con autoridades del país, sostienen que estas tuvieron un carácter protocolario o informal.

No participó en las negociaciones

En este sentido, fuentes de las defensas de los investigados defienden que Ábalos, que seguía siendo diputado del PSOE, no participó en las negociaciones que Koldo García Izaguirre llevó a cabo en beneficio de la empresa Instalibero District SL. Según esta versión, el exministro únicamente habría acompañado a su exasesor, a quien le una una profunda amistad, sin involucrarse en las gestiones de su antiguo asesor. En este sentido, restan importancia a los gastos del viaje en avión, sobre todo porque Ábalos se habría encargado de abonar las comidas que realizaron, siempre según las defensas consultadas.

Precisamente, el nombre del empresario que realizó los cuatro pagos a Koldo, Manel Sallés Carceller, que no está investigado en el caso, se incluye en la exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha elevado al Tribunal Supremo para pedir la imputación de Ábalos. En ella, el instructor alude a un mensaje de WhatsApp de 19 de enero de 2022 entre Israel Pilar Ortiz, que fue detenido en relación con el pelotazo de las mascarillas, y el mencionado Sallés Carceller, "en el contexto de la organización de un viaje de negocios a Guinea Ecuatorial con la supuesta asistencia de varios empresarios".

En el Whatsapp, Sallés Carceller, que es consultor financiero, informa a Israel Pilar Ortiz de su negativa a participar en una operación para "la colocación de deuda de Guinea Ecuatorial [...] Dejo todos los informes por si realmente hay algún interés de verdad y ni que decir tiene que gustosamente aprovechéis el viaje que el grupo que represento ha tenido a bien subvencionar". Las fuentes consultadas aseguran que el negocio no fructificó.

730.000 euros de las mascarillas

En otro párrafo este consultor advierte a Israel Pilar Ortiz, que según la Guardia Civil ingresó 730.000 euros del pelotazo de las mascarillas, de que se había dado cuenta de que su aportación era "un barniz que encubre un montón de proyectos de los que no tengo ningún interés particular por lo que acabo de decidir no acompañaros en esta aventura".

En el Anexo I del informe que presentó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir la imputación de Koldo García Izaguirre, se daba cuenta de que "la empresa Sortis Telecomunicaciones SL, perteneciente al Grupo Sortis, presidido por Israel Pilar Ortiz, realizó el 24 de febrero de 2022 una transferencia de 50.000 euros a Instalibero District SL", que pocos días después abonaba la primera de las cuatro nóminas que transfirió al exasesor de Ábalos.

Tan solo unos días después, en concreto el 4 de marzo de 2022, Koldo García Izaguirre recibía el primer pago o nómina de Instalibero District SL por un valor de 1.950 euros. El siguiente abono, de 5.000 euros, en concepto de "empleado por cuenta ajena", se realizó seis días después, el 10 de marzo de 2022. El 14 de abril el exasesor de Ábalos recibió otros 1.950 euros, una cifra idéntica a la que cobró de esta compañía el 4 de julio de 2022.

Vinculado con el chalé

El resto del contenido del mensaje intercambiado entre Manel Sallés Carceller a Israel Pilar Ortiz sirve al juez Ismael Moreno para evidenciar la vinculación entre el comisionista "Víctor de Aldama –a través del Zamora CF– con el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, –a través de la empresa Villafuel–, y a ambos con Ábalos a través del pago del chalé". El exministro alquiló una vivienda que poco antes había adquirido la empresa Have Got Time SL. que la Guardia Civil vincula a la familia Rivas Ruiz-Capillas.

El magistrado resalta, además, que en el Whatsapp Manel Sallés Carceller llega a advertir a su interlocutor de que Villafuel "no va a ser operadora por mucho que esponsorice al Zamora”, en alusión al patrocinio del equipo de fútbol que compró Víctor de Aldama tras el pelotazo de las mascarillas. Y después, el presidente de la empresa Instalibero District SL avisa de que según su opinión la compañía de hidrocarburos tampoco obtendrá la licencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, aunque “tome acciones en los restaurantes de las torres”, en alusión a local de fiesta 'Welow', situado en la zona de las Cuatro Torres [Madrid], a nombre de la mujer de Víctor de Aldama.

"Y, por último, y más vinculado con esta causa, [el mensaje] supedita la consecución del título de operadora por parte de Villafuel a que “mantenga el alquiler de una casa para el que fue ministro de Fomento”. Tras enviar este mensaje a Israel con el fin de que tuviera conocimiento del paso que había dado, citaba: “Abalos lo ha recibido y he incendiado el convento", destaca la exposición razonada del juez Moreno.

Tanto Claudio Rivas Ruiz-Capillas como Víctor de Aldama permanecen presos de forma preventiva por orden del juez Santiago Pedraz en relación con su presunta participación en una trama de fraude al IVA de los hidrocarburos, que la Policía Judicial eleva hasta los 182 millones de euros.