La batalla por liderar la acción popular en las causas contra el Gobierno: "Esta acusación fue la primera en personarse"

Los anuncios de los instructores de los casos Ábalos y Koldo de su intención de que las acusaciones populares actúen de forma unificada, y una reciente sentencia en el mismo sentido de la Audiencia Provincial de Madrid en el procedimiento contra Begoña Gómez, son el preludio de lo que podría convertirse en una 'batalla' jurídica para determinar quien liderará a las acusaciones populares contra el Gobierno en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, cuyo titular es Juan Carlos Peinado.

Y uno de los más madrugadores fue el Partido Popular, que presentó el pasado 8 de noviembre un escrito en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reclamando su personación en el caso Ábalos, al mismo tiempo que aseguraba que esta formación había sido "la primera en personarse en las Diligencias Previas 65/2023 (caso Koldo) de las que dimana la Exposición Razonada elevada" contra el exministro de Transportes.

La condición de "primera acusación", como reivindica el PP en el caso Koldo, puede ser relevante en estos casos, porque en diferentes procedimientos desarrollados en el pasado en la Audiencia Nacional los magistrados han optado porque liderara la acción popular el primero en personarse en la causa. Como por ejemplo fue el caso de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) que encabezó el caso Púnica; o el de Podemos, que dirigió la acusación contra la familia Pujol.

Leopoldo Puente

El pasado 2 de diciembre, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, tras citar a declarar a José Luis Ábalos como investigado dedicó un punto del auto al "ejercicio de la acusación popular". Y avisó que podría designar "una representación y defensa común" para el ejercicio de la acusación popular.

Tras explicar que hasta ese momento se habían personado el Partido Popular, Vox, la asociación Hazteoir.org, la Asociación Liberum, el sindicato Manos Limpias; y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)", que ya eran acusaciones populares en el caso Koldo de la Audiencia Nacional, el instructor no advertía un motivo "consistente" para que no les fuera posible acordar designación de "una sola representación y defensa común". El magistrado considera que "la multiplicación de representaciones y defensas" podría provocar "dilaciones inconvenientes y dificultades para el buen orden del proceso".

Ismael Moreno

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno ha dado un paso hacia el mismo destino. En concreto, ha citado a todas las acusaciones el próximo día 10 de diciembre para estudiar la posible unificación de todas ellas bajo una misma dirección letrada, ya que hasta hoy cada una de ellas ha venido actuando de forma independiente

Y lo hizo el mismo día que admitía la personación del PSOE, aunque lo hizo bajo la condición de que esta formación política prestara una fianza de 5.000 euros en el plazo de diez días.

Sin embargo, los socialistas ya han anunciado su disconformidad con el pago de esta caución, "dado que el procedimiento ya está en curso y se está desarrollando la actividad instructora". Además, fuentes cercanas a este partido apuntan a esta redacción la dificultad que entraña que el PSOE pueda unir su acción acusatoria contra Ábalos o Koldo con el PP, Vox o las asociaciones ya personadas en la causa.

Imposición de la voluntad

También la asociación Liberum ha presentado un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso este diario, de cara a la decisión que adoptará próximamente el juez Moreno. Esta asociación, que describe entre sus objetivos la defensa de "los derechos humanos y las libertades públicas" considera que forzar una acumulación "impediría la consecución de esta finalidad por la inevitable imposición de la voluntad de aquella acusación que ostente la representatividad".

Por ello propone una solución intermedia que pase por la designación de dos representaciones de las acusaciones populares: la primera, que incluya a todos los partidos políticos y sindicatos, y la segunda, el resto, es decir, las diferentes asociaciones de carácter civil.

Por su parte, el partido Iustitia Europa también ha manifestado su oposición a la unificación de las acusaciones, en un escrito en el que recuerda que mientras unas son organizaciones de la sociedad civil "otras son partidos políticos que, al margen del evidente propósito de buscar la justicia y la verdad material, pueden tener en cuenta a la hora de actuar criterios, valga la redundancia, de carácter político".

Dudas también en el caso Begoña

En la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la cuestión tampoco es pacífica desde que hace tan solo unos días, y por sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, ha quedado revocada la dirección común que hasta ahora ejercía Vox. La resolución ordena que las acusaciones populares --Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y el abogado Aitor Guisasola-- que se pongan de acuerdo para decidir quién será la encargada de liderarlas, avisando de que, en caso de no llegar a un consenso, será la que interpuso la primera querella, que fue Manos Limpias.

Fue el pasado mes de junio cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 otorgó a Vox la dirección de las acusaciones populares al ser el primer compareciente personado en la causa. Si bien fue Manos Limpias quien dirigió una primera denuncia con noticias periodísticas contra Begoña, desde Hazte Oír consideran que serían ellos los encargados porque la primera acción en forma de querella fue la que esta organización presentó el pasado 25 de abril

En su sentencia, la Audiencia advierte de que, "partiendo de sensibilidades y puntos de vista diferentes, las distintas asociaciones y partidos han sido admitidos como acusación popular, con la pretendida finalidad de hacer justicia, siendo la intención que debe guiar a la acusación popular restaurar el orden jurídico y no el de destacar o ganar relevancia pública".