El trágico desenlace del ‘Caso Julen’, tras caerse a un pozo ilegal no sellado nos conmocionó. Aquel ínfimo agujero buscaba en vano agua para una vivienda, también ilegal, en los montes malagueños. Esa terrible realidad sacó a la palestra las consecuencias de los delitos urbanísticos y medioambientales. Estos crímenes parecen menos reprochables por obviar sangre y violencia.
El triste caso aloja, además, cargos por presunto homicidio imprudente que señalan al dueño de la finca, que a priori deriva culpas al pocero. El esperpento apareció en rueda de prensa lacrimógena del sujeto, cuyo penalista atribuye al heroico equipo de rescate la muerte del niño Se constató ya por los forenses que murió por caerse al vacío tras crearse un tapón de tierra: ¿Defender al imputado tiene límites?.
Pero vayamos a lo práctico, centrándonos en la provincia de Sevilla. La misma no es ajena al problema de pozos, casas y urbanizaciones ilegales. Especialmente, los pozos son perforados para proveer de agua a viviendas, naves, negocios, piscinas y explotaciones agro-ganaderas. Todo parece valer para evitar otros pagos.
Muchos no saben que el regadío entraña casi el 80% de agua, mientras el consumo humano lo hace con el resto. La mayoría de los pozos ‘activos’ son ilegales, según constata la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) órgano competente para sancionarlos. El desvarío se explica por la dificultad de tramitar multas, localizar a infractores, la complejidad documental de legalizarlos y el difícil apoyo judicial para allanar fincas ya que hablamos de multas administrativas.
Las consecuencias de tal realidad son nefastas para el medioambiente, conservación de acuíferos y la seguridad en las construcciones. En Sevilla capital, por ejemplo, hay centenares de pozos ilegales perforados a centímetros de cimientos de viviendas y bloques. Las principales suministradoras de agua sevillanas (Emasesa, Aljarafesa y Aguas del Huesna, entre otras) dejan de cobrar millones y los ciudadanos nos preguntamos si una futura sequía como las sufridas antaño reinventará el mercadeo de un bien esencial por el que pagamos mucho más que antes.
El SEPRONA (Servicio de Protección a la Naturaleza) de la Guardia Civil es muy eficaz para la lucha contra quienes vulneran penalmente normativas urbanísticas y de ordenación territorial. Sus estadísticas sevillanas acreditan que se emplean a fondo para no dejar impune un problema en el que muchos se creen inmunes porque construyeron en lugares recónditos y de difícil acceso sobre suelo rústico viviendas residenciales.
Los números del SEPRONA se incrementaron con los últimos años. Si en 2014 denunciaron 58 infractores y detuvieron a 30 individuos el pasado 2018 las denuncias alcanzaron a 78 personas y los detenidos e investigados sumaron a 74 almas nada cándidas.
La ‘gran’ casa de aperos
La ayuda de la tecnología hace difícil escurrirse ante los ojos del SEPRONA. Satélites que radiografían el suelo sevillano son la inestimable fuente de la Benemérita, en gran parte de sus actuaciones, para localizar casas ilegales, auto-construcción residencial, naves industriales, talleres clandestinos o viviendas ‘provisionales’ con espíritu perenne en suelos rústicos predominantemente.
Los más listos suelen ejecutar un truco que da cierto respiro al peso de la ley. Aprovechan en algún paraje de cultivo o explotación agrícola una ‘casa de aperos’ (donde se almacena utillaje de faena) legalizada para aprovecha una ampliación o reforma. Sobre esta iniciativa se amplía volumetría y se meten cuartos, baños, jardín, terraza y la imprescindible barbacoa que da lustre a la fechoría que lo parece menos.
‘Legalizar’ la casa de aperos para uso oculto aunque popular es rentable en términos municipales donde la inspección y disciplina urbanística siquiera tiene despacho o empleados. En el mejor de los casos hay multa y se solventa el problema y posteriormente se legaliza lo obrado.
En grandes ayuntamientos sevillanos (Écija, Osuna, Pilas, Carmona, Utrera, Lebrija...) lo que se observa es que la Policía Local o los empleados de urbanismo no dan abasto para abordar esta problemática. Ni que decir tiene que los pozos ilegales también forman parte de las construcciones ilegales pues dan soporte al suministro de agua ya que el eléctrico pueden solucionarse con energías renovables (solar, fotovoltaica, etc...).
El negocio de lo ilegal
Lo peor es que es un monumental negocio mercadear con casas ilegales. El desconocimiento hace que muchos ciudadanos les haga víctimas de delitos que parece laxos sencillamente porque no hubo sanción ni iniciativa penal contra estos delitos que comentamos. Es muy sencillo, antes de comprar una vivienda, acudir al Registro de la Propiedad en persona o por internet (www.registradores.org). Por muy pocos euros sabremos si la vivienda que se vende es legal porque está inscrita y si tiene cargas (hipotecas, embargos, tercerías de dominios, alquileres...). Debe matizarse que inscribir una propiedad en Registro es potestativo, es decir, voluntario. Pero la seguridad jurídica es mejor tenerla asegurada que las entidades financieras inscriben el 100% de las cargas en Registro de la Propiedad http://www.registradores.org/
Cuando la compra-venta se hace en contrato privado el riesgo es alto si se quiere legalizar la adquisición ya que harán falta licencia de obras, cédula habitabilidad, escritura de división horizontal, etc... Mucho ‘vendedores’ colocan casas ilegales sin unos mínimos en el mercado y es arriesgado pagar por algo que dará problemas sí o sí, y costará mucho más dinero del pagado a quien enajena una vivienda.
En muchos pueblos sevillanos hay en el extrarradio urbanizaciones que crecieron a precios bajos como ‘segundas residencias’ y procedían de segregaciones legalizadas o no de grandes fincas rústicas. Quienes han querido legalizar obras preexistentes han tenido problemas dependiendo del talante negociador del Ayuntamiento, que siempre cobra el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a priori, el de basuras o supedita alcantarillados, iluminación o recogida de basuras a que se paguen determinadas cuantías.
Los cierto es que erigir casas y pozos ilegales es un problema cuyas soluciones son selectivas y van por término municipal. Las actuaciones legales mayoritariamente son por denuncias de particulares o empresas. De oficio hay poco que aclarar excepto si el Ayuntamiento de turno tiene expectativas de cobro de tributos, multas o presiona para pactar ingresos a las arcas municipales.
Lo más razonable es disfrutar o adquirir una vivienda con los debidos permisos y licencias al día. Lo que parece barato y materializa sueños residenciales al cabo sale carísimo. Si, además, se pretende asegurar ante cualquier accidente o siniestro hay que tener en cuenta que las aseguradoras consultan la base catastral antes de emitir pólizas. Es decir, saben a priori si el objeto del seguro tiene a su favor el favor de la legalidad.