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In fraganti

Persán contrató a Villarejo: ¿cazadores cazados?

Una empresa puntera sevillana sufrió doble engaño. Una ruina inversora les llevó al espía y Comisario Villarejo. Los juzgados decidirán ¿en unos años? si hay más fraudes

Juan-Carlos Arias jcdetective /
31 oct 2020 / 04:07 h - Actualizado: 26 oct 2020 / 11:13 h.
"In fraganti"
  • Persán contrató a Villarejo: ¿cazadores cazados?
  • Fotos: Andalucía Viva
    Fotos: Andalucía Viva

Muchas cosas que pasan en Sevilla suceden, finalmente, en Madrid. Parte del liderazgo empresarial sevillano tiene, o ha tenido, sumarios judiciales en la Villa y Corte en graves asuntos lejanos a su prestigio local. Azvi se ligó a supuestos pagos irregulares al PP durante los gobiernos de Mariano Rajoy Iturri tiene lupa sobre suministros a la Benemérita Y Abengoa eterniza querellas, arruina en la bolsa y despide lo que le queda de plantilla.

Persán, de su parte, sufrió lo más crudo de las cloacas del espía y Ex Comisario Villarejo. En la misma tesitura se involucró al empresario y marido - Juan Muñoz- de la televisiva Ana Rosa Quintana, como ya relató meses atrás #infraganti

Lo que padece Persán sería más grave que lo de Muñoz. La empresa acusa, además, hermetismo para conducir su defensa. Negó cualquier respuesta a las preguntas del firmante. Así obró, con devastadores efectos para su imagen corporativa, Cruzcampo-Heineken. En 2001 fue acusada por otra cervecera, Alhambra, por un espionaje industrial archivado al poco de tramitarse una querella espúrea, ‘catalana’ y extorsiva.

El silencio de la cervecera sevillana, que aconsejó el que fuera portavoz de Heineken Julio Cuesta -Pregonero ‘inédito’ de la Semana Santa 2020- magnificó una campaña gratis de publicidad a los granadinos. Acabaron, los de Alhambra engullidos -y a precio de oro- por Mahou-San Miguel, hoy líder español cervecero en facturación y beneficios.

Villarejo aparece

La verdad o no del delito sobre Persán se ventila en el Juzgado de Instrucción Central nº 6-Audiencia Nacional. Su titular, el Magistrado Manuel García Castellón, declaró secreta la pieza nº 25 del sumario, popularizado ya como ‘Caso Villarejo’. Fue así desde el 10 de enero hasta el pasado 22 de octubre de 2020. Merodean cargos por presuntos cohecho y revelación de secretos. El Comisario Villarejo llamó a sus meses de indagaciones y decenas de informes ‘Proyecto Saving’.

Los registros sobre oficinas y domicilios del espía más ubicuo y corrupto de los españoles destaparon que la familia Yoldi-Moya, dueña de Persán le contrató entre 2011 y 2012.

La historia del sumario comenzaría cuando, tras varios reveses judiciales, los dueños de Persán contrataron a Villarejo para tratar de recuperar 72 millones de euros. Ese dinero provendría de un crédito, con opción a compra, que habrían concedido en 2007 para adquirir acciones a FADESA-Martinsa, antaño una poderosa constructora. La inversión la sugirió Ahorro Corporación. En 2008, un año después, la constructora se declaró en concurso voluntario de acreedores.

Los Moya-Yoldi se sintieron engañados. Mucho más, en 2010, cuando se ejecutaron las participaciones de FADESA-Martinsa. Se evidenció que el préstamo ‘sevillano’ (40 millones de Persán SA y 32 millones por la instrumental-patrimonial Avenida de Italia 17 SL) no figuraba en el informe del administrador concursal. ¡Raro, raro!

La lógica indignación de los prestamistas, lejos de contratar a un detective privado con licencia http://www.adaspain.com/ un bufete experto, un perito o una consultora les llevó al entonces Comisario de la Policía en activo José Manuel Villarejo.

Al parecer, y seguramente tras la palabrería tabernaria ‘subyugante’ del hoy preso, el objeto de sus servicios sería averiguar si el presidente de Ahorro Corporación les convenció invertir en Martinsa lejos de la neutralidad que debería tener un asesor. El ejecutivo habría inducido a otra ruina inversora ligada a unos activos inmobiliarios en Barcelona.

Persán invierte con éxito en otras iniciativas inmobiliarias, factura casi 350 millones al año, de los que 128 destina a I+D+i. Tiene fábrica, además de la vanguardista matriz sevillana, en Polonia. Desde allí abastece los mercados del este europeo y orientales.

Es difícil entender cómo y porqué los dueños de una fábrica de detergentes con décadas de solera industrial y un prestigio arraigado, propietario de las reputadas marcas Flota y Puntomatic -presentes en varios continentes- inter-proveedor de Mercadona y cadenas de supermercados europeas, acabaron en manos de un cuentacuentos poco humilde. En los audios que grababa el policía desprecia a sus propios clientes, insulta a sus objetivos, se mofa de quien no aplaude su ego y adopta perfil chulesco. Manda....

Un ex senador del PSOE aparece

Un auto de la Audiencia Nacional de pasado 22 de octubre finiquitó el secreto sumarial que afectaba la pieza de Persán así: ‘una vez que han sido plenamente identificadas las personas que tomaron parte en la contratación, la totalidad de los pagos efectivamente realizados, así como las personas que participaron en la ejecución de los servicios por cuenta de Cenyt [agencia de investigación privada sin licencia oficial que lideraba Villarejo], por la que Villarejo canalizaba los proyectos de espionaje’.

La Fiscalía Anticorrpción, en las piezas del ‘Caso Villarejo’ pide un mínimo de 4 años de prisión, más multas e indemnizaciones de vértigo. En sumarios más avanzados, que protagonizan relevantes clientes de Cenyt-Villarejo (Iberdrola, BBVA...) así ha obrado. Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, pactó una pena que evade ingreso carcelario, tras petición inicial de 8 años, al colaborar con la Justicia y asumir hechos.

En la pieza judicial que afecta a Persán se desvela que, además de Villarejo, aparecen como imputados su socio en Cenyt, Rafael Redondo, el cliente (Persán) José Moya Sanabria y un ex senador socialista, Francisco Rodríguez Martín. Al último, le apodaban ‘Curro’ en las cintas de audio incautadas a Villarejo. Al ex político el sumario le considera intermediario esencial entre Villarejo y Persán. Es un histórico del socialismo sevillano que así habría rentabilizado su agenda.

Otros datos sumariales desvelan que Villarejo cobró entre 375.000 euros y 1.200.000 euros. Para sus espionajes el sumario tiene acreditadas pruebas de un –ilegal- tráfico de llamadas de una decena de personas, se apoderaron datos censales y personales protegidos (normalmente suelen ser en bases de datos policiales, judiciales, hacienda, bancos, seguridad social, etc.....)

Los registros policiales de ordenadores, dispositivos digitales, archivos de audios y videos que constan en el sumario dan a entender que Villarejo añadió a sus informes notas oficiales del Registro Civil, de la Propiedad, Mercantil y de Tráfico.

Demasiadas noticias periodísticas, firmadas por ignorantes que abochornan, repiten que esta documentación oficial se liga al ‘espionaje’, al cochecho y revelación de secretos. Pero hablamos de registros públicos a los que puede, y debe, acudir cualquier ciudadano/a. Ahí se documenta -por ejemplo- si la casa que se desea comprar es de quien se la vende, identificar al dueño de un auto o saber quién administra una Sociedad Limitada. O si un/a enamorado/a puede documentar si se casará con alguien que está o no divorciado/a.

¿Villarejo en Sevilla?

Parte de las andanzas impunes del policía cordobés [Villarejo] están muy relacionadas a Sevilla. Aquí Cenyt podría haber tenido hasta sucursal. La operaría un Comisario, hoy jubilado, que sufriría pesadillas nocturnas desde que su ‘jefe’ está encarcelado y surgen -como champiñones- pruebas del espionaje más rechazable que tuvo apoyo en despachos policiales. La ‘sucursal sevillana’ la operarían policías que fueron expedientados y prejubilados aunque conservando placa, pistola y contactos con las cloacas del CNP. Nos preguntamos si sigue actuando aquella mafia policial que se absolvió tras la Expo o le dio el cambiazo a cientos de kilos de coca en la Jefatura sevillana por polvos de talco. ¿Será una pregunta retórica?

Una ‘operación’ por la que cobró el controvertido Comisario consistía en infiltrarse entre ecologistas y espiar a un juez que obstaculizaba la construcción de una central de Iberdrola en Arcos, provincia de Cádiz

Se sabe que los ‘equipos’ de Villarejo se radicaban en Sevilla. Y que lograron sus impropios propósitos.

Al político del PP Javier Arenas y del PSOE Gaspar Zarrías los espió igualmente Villarejo en el denominado ‘Proyect Southern’. Se unían a empresarios hostiles a la concesión de un casino en Sevilla. Parte de la información la asume Villarejo de la agencia de espionaje norteamericana Kroll. Ahí hasta detallan hábitos ocultos de un fallecido sacerdote que presidió una caja de ahorros cordobesa, relaciones personales de Arenas, sociedades que integra su hermano Eduardo, o las empresas que mantenía el Ex Ministro José Pimentel y un subordinado apellidado Aycart.

La segunda esposa del Comisario detenida

Las últimas noticias sobre el ‘Caso Villarejo’ no pintan bien para el ex policía. Efectivos de Asuntos Internos del CNP por orden de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción detuvieron a la esposa del Ex Comisario, la periodista Gema Alcalá, y 4 ex colaboradores de Cenyt (empresa sin licencia de Interior para la investigación privada y mercantil) que regentaba Villarejo.

Se les acusa de organización criminal, revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos. Al parecer se habrían cometido nuevos delitos, desde el encarcelamiento del Comisario en 2017. Se habrían usado para chantajes informes, grabaciones y audios. Las detenciones se produjeron tras el registro de la celda del policía, de un vecino carcelario y el que fuera su domicilio conyugal, en Boadilla del Monte (Madrid).

En la pieza 2 del ‘Caso Villarejo’ denominado ‘Iron’, la Fiscalía Anticorrupción solicitó, el pasado junio, a Gema Alcalá 46 años y 9 meses de prisión. La pieza investiga un encargo del bufete Herrero & Asociados de espiar a otro bufete. Además, Alcalá ya estaba imputada en el caso ‘Land’ donde Anticorrupción le pide 36 años de cárcel.

Al Ex Comisario, la Fiscalía Anticorrupción le pide penas por más de 200 años de cárcel y quedan pendientes más acusaciones. Vivía impune, y avalado por mandos policiales y autoridades del PP y PSOE, desde los primeros años del gobierno de Felipe González (1982-1996) [creó RV CONSULTORES SL en evidente incompatibilidad con su estatus de servidor público] hasta los últimos días del gobierno de Mariano Rajoy.


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