El PP-A ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por el reparto de la Mesa del Parlamento de Andalucía, al considerar que el PSOE ha vulnerado los derechos constitucionales y ha incumplido el deseo de las urnas, al «fabricar una mayoría ficticia que no le dieron los andaluces». El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, acompañado por la portavoz adjunta, Patricia del Pozo, y la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena O’Neill, presentaron el recurso ante el TC por el reparto de secretarías de la Mesa del Parlamento, al no obtener el PP ninguna de ellas, pese a que su candidato fue el segundo más votado.
La Mesa, órgano rector del Parlamento, tiene siete miembros, de los cuales, el PSOE ocupó tres (uno de ellos la presidencia), y el resto de grupos –PP, Podemos, Ciudadanos e IU– uno cada uno. Los populares denunciaron que, con 33 diputados, tenían la misma representación que IU (5 escaños), y maniobraron para que el sillón de la coalición de izquierdas fuera ocupado por un diputado popular. Los socialistas y el resto de fuerzas le negaron esta opción, acogiéndose al artículo 36 del reglamento, que establece que todos los grupos en la Cámara «tendrán derecho a estar presentes en la Mesa». La decisión desató una bronca fortísima el primer día de legislatura, con gritos y voces entre socialistas y populares.
Al respecto del argumento esgrimido sobre que el reglamento establece que todos los partidos deben tener representación en la Mesa, Rojas quiso aclarar que la norma habla de una «presencia» en el órgano algo que, según sus palabras y tal y como recoge el recurso presentado, «se puede articular en una solución posterior a la constitución» del órgano.
El principal partido de la oposición ha pedido amparo al Constitucional porque, «Cuando los ciudadanos nos expresamos en las urnas, cuando se tienen que constituir las instituciones, tiene que ser de acuerdo a lo que se ha decidido en las urnas», dijo Rojas, que insiste en que el peso del PP en la Mesa no se corresponde con la representación que obtuvieron en las elecciones.
En opinión del PP-A, el PSOE ha querido tener una «representación en el Parlamento andaluz que no le han dado las urnas», por lo que han considerado que los socialistas están «vulnerando los derechos más fundamentales». Rojas calificó de «tropelía» la decisión del PSOE.
El Constitucional ya desestimó la denuncia de Julio Anguita en el 86, advirtiendo de que «sólo en cuanto lesionen un derecho fundamental reconocido en la Constitución, y no por infracción pura y simple de un precepto del Reglamento de la Cámara, son recurribles en amparo tales actos internos». El PP denuncia el incumplimiento del reglamento de la Cámara, encubierta en un recurso de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales de la diputada Patricia del Pozo. Ella es la clave para que prospere el recurso.