El próximo 28 de febrero, día de celebración de la autonomía de Andalucía, va camino de convertirse en un nuevo capítulo de confrontación entre PSOE y Podemos, dos formaciones de izquierda que compiten como vikingos por el mismo espacio político y que, a la vez, están negociando a codazos para formar el Gobierno de España. Los socialistas andaluces, capitaneados por Susana Díaz, están empeñados en presentar a la formación de Pablo Iglesias como un peligro para la unidad de España y el principio de igualdad de oportunidades de los españoles. Para sostener su crítica, denuncian la propuesta de un referéndum de autodeterminación para Cataluña y la reformulación del modelo territorial que aparece en el programa de Gobierno que Iglesias ha hecho llegar a Pedro Sánchez esta semana.
Este documento tiene 90 páginas, aunque la propuesta de un nuevo modelo territorial se solventa en seis, incluida la necesidad de una reforma constitucional. El volcán de tensión política entre Podemos y PSOE ocupa seis páginas y, a excepción de la referencia explícita a la consulta catalana, lo demás es “ambiguo, muy poco concreto y no ofrece recetas cerradas”, según ha valorado hoy la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Rodríguez ha admitido que las medidas económicas del documento le “gustan más que la del modelo territorial”, y que éste último no ha sido consensuado entre la dirección nacional del partido y su federación, lo cual ha servido al PSOE para insistir en que Iglesias está cediendo al “chantaje” de los independentistas catalanes, y arrinconando los derechos de otras comunidades, como Andalucía.
Propuestas comunes
Es evidente que lo que dicen los programas de PSOE y Podemos se parecen más entre sí que lo que verbalizan sus líderes. La reformulación del modelo territorial de España que propone el partido violeta tiene tres vertientes, y en dos de ellas coincide plenamente con los socialistas: una es la reforma del sistema de financiación autonómica y otra la definición y clarificación de las competencias que dependen de las comunidades. La financiación es el capítulo mollar, porque de la autosuficiencia financiera depende en gran medida la autodependencia política. Para el reparto de fondos entre comunidades, Podemos defiende los “principios de suficiencia, equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial”, niegan, por tanto, la acusación que les hace el PSOE de promover una “España a dos velocidades, con privilegios para unas pocas a costa de las regiones más pobres”. Estos principios también están recogidos en la Declaración de Granada, un documento en el que el PSOE puso negro sobre blanco su propuesta de modelo federal para España. En su propuesta de reforma constitucional, los socialistas también incluyeron el llamado principio de “ordinalidad” de la financiación autonómica, una de las principales reclamaciones del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Ese principio propugna una limitación del fondo de solidaridad interregional para evitar que las comunidades más ricas, tras aportar al fondo común, bajen puestos en financiación per cápita o recursos. Es decir, que si eres el cuarto ingresando a las arcas del Estado, tienes que ser el cuarto gastando, no el séptimo. Podemos también incluye en su documento “la introducción flexible del principio de ordinalidad”, y añade que “debe haber un reparto solidario en función de las necesidades sociales de cada territorio”.
La Junta defiende el principio de ordinalidad que propone Cataluña, “pero amortiguado”, esto es, que en el nuevo reparto de fondos el orden descendente de regiones ricas a pobres no se altere, pero sí la distancia entre la riqueza de unas con otras. Para reformar la financiación autonómica, Andalucía propone la fórmula de la carga-beneficio (coste del servicio por número de beneficiarios) para aplicar un reparto de fondos justo entre todas las comunidades autónomas. “Lograr que las regiones con más renta se pongan de acuerdo con las de menor renta solucionaría este complicado sudoku”, dice la consejera de Hacienda, María Jesús Montero.
Este alto grado de coincidencia entre las propuestas de PSOE y Podemos no oculta que existe una diferencia notable que dificulta el entendimiento. El cisma está en la primera vertiente del texto: “el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado”, que plantea una distinción algo ambigua entre tres conceptos territoriales dentro de España: “las naciones, las comunidades políticas y los territorios”. El documento no dice qué es cada región de España, no pone nombres, pero cabe preguntarse ¿cuál de estos tres conceptos define a Andalucía? ¿Andalucía es una nación o una comunidad política? Preguntada por esto, Teresa Rodríguez ha respondido echando mano de la Constitución del 78 y del Estatuto, que define a Andalucía como “una nacionalidad histórica”. El problema es que la propuesta de Podemos plantea una reforma constitucional para introducir la idea de plurinacionalidad, y es ahí donde el PSOE cree que pueden colarse desequilibrios, que se rompa o violente el principio de igualdad interterritorial, que se abra la puerta a una España de dos velocidades.
Andalucía, ¿nación o comunidad política?
Más importante en la distinción entre “naciones y comunidades políticas”, es saber si esta lleva implícita que existen más derechos, competencias o privilegios para las primeras en detrimento de las segundas. ¿Es más beneficioso ser nación que comunidad política? El documento de Podemos no lo aclara, sólo desarrolla la idea del “derecho a decidir” para “aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad”, caso de Cataluña. Rodríguez se ha apresurado a aclarar que éste no es el caso de Andalucía, y se ha tomado a broma que el PSOE-A la acuse de defender la autodeterminación de esta comunidad autónoma. “Quieren acabar con el café para todos”, ha dicho el portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez.
La delicada negociación que están manteniendo en Madrid el PSOE y Podemos para intentar formar gobierno no ha impedido que aquí, en Andalucía, las mismas formaciones se hayan liado a mamporro limpio con los festejos del 28F de excusa. El 28F, parecen querer decir los socialistas de Susana Díaz, va en contra de un acuerdo entre socialistas y podemistas.
Así las cosas, el PSOE-A quiere aprovechar este 28F para obligar al Podemos andaluz a “retratarse”, llevando una moción a los ayuntamientos en defensa de la cohesión territorial y la igualdad entre comunidades, y registrando una proposición no de ley en el Parlamento con el mismo contenido. El partido morado estará ante la tesitura de votar a favor o en contra, y tendrá que hacerlo antes del 28 de febrero. “Estamos ante un 28F excepcional que tiene que tener una respuesta clara y contundente”, ha dicho hoy Jiménez, tras valorar que “la posición independentista de Pablo Iglesias y la consulta catalana le hace mucho daño a Podemos en Andalucía, y esto le va a dar la puntilla”. “Hay un intento de torcer el 28F, usarlo como excusa para justificar desde Andalucía que sus líderes nacionales están reclamando privilegios políticos para unos territorios de España y nos están condenando a una posición de segunda”, avisa el portavoz socialista.
Como respuesta, la líder del partido morado en esta región, Teresa Rodríguez, ha acusado al PSOE de “usar el 28F como arma arrojadiza, como frentismo partidista y como combustible para avivar el conflicto con Cataluña”. Rodríguez, visiblemente enojada, ha reprochado además a Susana Díaz que “utilice el 28F para torpedear el diálogo y la negociación entre PSOE y Podemos para intentar formar gobierno”, porque “ella ya ha elegido gobernar con la derecha”, en referencia a Ciudadanos. “No nos van a robar también el 28F, porque es de todos”, concluye. La dirección de Podemos en Andalucía no asistirá a los actos institucionales del 28 de febrero en el Parlamento, porque paralelamente hará una celebración en Granada, en el barrio del diputado fallecido, José Luis Serrano, y como homenaje a él. Pero sí habrá miembros del partido en la Cámara ese día.