En Andalucía hay más de 160.000 trabajadores en fraude de Ley trabajando para la Administración andaluza. Se trata de trabajadores con más de tres años de antigüedad en sus puestos de trabajo que siguen siendo temporales, pese a que la normativa laboral exige que cualquier contrato que supere los tres años de antigüedad pasen a ser indefinidos. La Junta de Andalucía ha mirado hacia otro lado antes este incumplimiento de la legislación. “Ahora el Gobierno andaluz quiere blanquear ese fraude de Ley haciendo un ERE encubierto”, señalan desde el sindicato UITA. Este sindicato independiente con representación en las principales agencias públicas de Andalucía, alerta de que la “solución” a la temporalidad ilegal que planea el Ejecutivo presidido por Juanma Moreno -que consiste en una oferta de empleo pública extraordinaria (OEPE)- supone en la práctica despidos masivos de trabajadores que llevan en muchos casos más de una década trabajando para la Junta en una situación irregular.
Ayer, centenares de afectados llegaron desde todas las provincias y de diferentes sectores de la Administración andaluza se reunieron a las puertas de la sede del Palacio de San Telmo en Sevilla, sede del Gobierno andaluz. Denuncian lo que consideran “una operación de blanqueo de un fraude de ley”. La Coordinadora Andaluza de empleados públicos en abuso de temporalidad (CAEPAT) asegura que la pretendida solución del Gobierno andaluz no resuelve ni sanciona el problema del abuso de temporalidad en los términos exigidos por el Tribunal de Justicia de la Unión de Europea, ni traspone adecuadamente la Directiva 1999/70/CE del Consejo de Europa.
El proceso, además, ya ha comenzado con la ejecución de ofertas de empleo público aplicando procesos selectivos que han causado ya la pérdida de su puesto de trabajo de miles de empleados/as temporales en Andalucía. “No se ha caracterizado la Administración Pública andaluza, por ser un ejemplo de empatía, magnanimidad y prudencia, más bien al contrario: siendo dicha Administración consciente de que se estaba tramitando en las Cortes españolas, con carácter de urgencia, un nuevo marco legislativo estatal y en vísperas de la aprobación de una Ley básica, se ha entregado a una carrera desbocada hacia ninguna parte convocando procesos de estabilización antes de la publicación en el BOE de la nueva ley”, aseveran desde CAEPAT y recalcan que “ello desde luego nos hace dudar de la buena fe de la Administración Autonómica Andaluza, de las prácticas de su buen gobierno, de su lealtad institucional y, sobre todo, de su voluntad de aplicar generosamente el nuevo marco legislativo a favor de una verdadera regularización del personal en abuso de temporalidad.”