Uno de los principales problemas de conservación en Andalucía de las especies silvestres era el uso ilegal del veneno para controlar depredadores. El caso del buitre negro y del alimoche entre otras especies, ofrecía datos demoledores de cómo una práctica ilegal estaba llevando a la extinción a las especies andaluzas más emblemáticas. En 2001 se adoptó la decisión de establecer una estrategia para luchar contra el veneno y se preparó un Plan de Acción conocido como Estrategia Andaluza de lucha contra el uso ilegal del Veneno que comenzó a operar en el año 2004.
En aquel momento no había experiencia en los técnicos y los agentes de la autoridad para desarrollar este programa por lo que la formación siempre se ha considerado como básica. Es también el momento de la aparición de las primeras patrullas caninas, perros especializados en detectar cebos envenenados y cadáveres de animales. En el año 2003 también se produjo un avance legislativo interesante con la introducción en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna silvestres, del principio de obligación de los propietarios de los terrenos o los titulares de los derechos reales o personales de adoptar medidas precisas para impedir la existencia o colocación de cebos envenenados, así como cualquier método masivo y no selectivo; y que el hallazgo de cebos envenenados así como el de cualquier método masivo y no selectivo, será motivo para la suspensión cautelar de la autorización del aprovechamiento correspondiente.
«En este sentido se considera fundamental la aplicación de estos principios recogidos en la legislación con la suspensión de los aprovechamientos por parte de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía, así como la retirada de ayudas comunitarias ya que la normativa europea obliga a que no aparezcan los tóxicos en las explotaciones. Tampoco hay que olvidar que estas acciones están consideradas como delito penal y siempre que se localice al culpable debe darse traslado a los juzgados, pero siempre manteniendo la vía administrativa abierta», indica el principal responsable hasta hace unos meses de estos programas en Andalucía, Rafael Arenas.
Se consideró esencial la información al sector cinegético y en menor medida al sector ganadero ya que se creía que el problema estaba más ligado al primero. Y se trabajó con ellos para acercarse al problema. La formación fue mejorando con el transcurso de los años y se incluyeron técnicas de investigación y forense y se especializaron unos 10 agentes de medio ambiente por provincia en el control del veneno y las artes ilegales.
Una de las acciones que se han considerado como estratégicas en la lucha contra el veneno ha sido el constante diálogo con estos dos sectores directamente en el medio rural, en sus dominios para conocer sus problemas y los motivos del uso del veneno. A lo largo de 15 años se han desarrollado 3.421 sesiones de trabajo a pie de tajo con los cotos de caza (presidentes y miembros de la directiva de sociedades, titulares y guardas de cotos) y 3.289 sesiones con ganaderos y pastores. En un primera etapa la dedicación fue mayor con el sector cinegético y en los últimos años se han centrado más en el sector ganadero.
Las inspecciones caninas se realizan de forma preventiva al azar, aunque siempre seleccionando las áreas con problemas. A lo largo del tiempo, entre el año 2004 y 2015, han salido positivas al veneno una media del 48,61% de todas las inspecciones realizadas. A partir de 2016, éstas han bajado a una media del 23,69%, algo más de la mitad del período anterior.
En las inspecciones caninas que la Administración andaluza denomina «urgentes»: cuando se tiene constancia de cebos envenenados o cadáveres; se han mantenido en una media de 10,59%, y en los últimos tres años la media de casos positivos al veneno ha sido del 4,70%, lo que supone un descenso de más del cincuenta y cinco por ciento.
¿Pero que ha pasado con los casos de envenenamiento? En los tres primeros años el número de casos de envenenamiento se incrementaron hasta llegar en el año 2006 al mayor número, en concreto 205. Las medidas adoptadas comenzaron a tener resultados con descensos del número de casos con algunos incrementos en 2008, 2009 y 2012 y algunas estabilizaciones en determinados períodos. En los últimos tres años han descendido de forma más notable y se han alcanzado los mínimos históricos. Si analizamos por períodos y los comparamos podemos decir que entre el 2004-2010 y el 2011-2018 vemos que los casos de envenenamiento se han reducido más del 58%, y en los últimos tres años la reducción ha sido casi del 75%. El último año ha sido el de menor número con sólo 27, cifra que parece difícil de bajar de manera ostensible, si se sigue buscando veneno.
«Claramente ambos indicadores tienden a descender a lo largo del tiempo pero a partir del año 2016 ha habido un inflexión aún mayor al descenso lo que nos indica que estábamos en el camino correcto en la lucha contra el veneno», asegura Arenas, que indica que «la disminución del uso del veneno no debe llevar a bajar la guardia, porque si no se apuesta decididamente en la lucha contra el veneno, volverán los tiempos oscuros».
Queda mucho por hacer, según reconocen los expertos, a pesar que muchos indicadores nos recuerdan que se ha venido trabajando con eficiencia y eficacia por todas las partes implicadas. Es el caso del quebrantahuesos, buitre negro, alimoche o milano real.
A partir del año 2016 se comenzó a trabajar en una nueva Estrategia Andaluza contra el Veneno (EAV) adaptándola a la realidad social de Andalucía y extendiendo las acciones también al sector ganadero y un Pacto Andaluz contra el Veneno (PAV). En este último caso se propuso a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento Andaluz como una Proposición no de Ley que fue aprobada el 21 de febrero de 2017. Este PAV fue ratificado por las principales asociaciones del sector agrícola, ganadero, cinegético y ambientalista con el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el día 6 de junio del 2018.
El Pacto Andaluz contra el Veneno se crea con la idea de potenciar la participación de la sociedad rural en la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados. Para ello se crean 4 redes: de asociaciones, de ganaderos, de cotos de caza, de veterinarios y de municipios contra el veneno. De esta forma, la lucha ya no será sólo de la administración y los agentes de la autoridad, sino que los diversos sectores de la sociedad colaborarán para erradicar este mal endémico de nuestro solar y así aislar socialmente a las personas que se dedican a envenenar nuestra fauna.
«Queda un largo camino para implantar estas redes en Andalucía y debe ser una prioridad en el futuro, dado que después de la firma de las grandes asociaciones hay que aterrizar en los territorios para crear éstas. Entre unas cosas y otras ya llevamos más de un año de retraso», explica el hasta hace unos meses principal cargo técnico en la lucha contra el veneno que tenía la Junta de Andalucía.