El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el proyecto de ley del presupuesto andaluz para 2016, el primero en ocho años de crisis que rebasa la barrera psicológica de los 30.000 millones de euros: 31.285 millones, un 5,6% más que en el presente ejercicio. El rápido acuerdo entre PSOE y Ciudadanos ha propiciado la aprobación de unos presupuestos que, en palabras de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, “son garantía para la estabilidad política, confianza para la inversión y posibilidades de desarrollo económico y de creación de empleo”. El proyecto de ley llega al Parlamento este viernes, el debate en comisiones se producirá en dos semanas, seguido del debate a la totalidad en el pleno. La Junta ha acelerado los trámites para que el debate presupuestario “no se vea contaminado por la campaña de las elecciones generales” del 20 de diciembre, y para que “el Parlamento se concentre en el bienestar de los andaluces”. La aprobación del presupuesto se mantiene, por tanto, para el 22 o 23 de diciembre, justo después de los comicios.
Ocho de cada diez euros del futuro presupuesto (el 83,5%) irá destinado al gasto social, con un incremento del 4,8% en Salud y del 4,1% en Educación, debido sobre todo al aumento de la plantilla (360 profesores más y 218 sanitarios), y un incremento del 2,5% (25 millones) de la financiación para la Dependencia; mientras que la partida para infraestructuras, la gran sacrificada durante la crisis, aumentará un 9,5% hasta alcanzar los 3.523 millones, 306 más que en este año. La inversión pública supone, por tanto, un 11,3% del total del presupuesto, lejos aún de las macrocifras anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria (superaron el 20%), pero constatan una clara recuperación de la confianza del Gobierno andaluz en el ladrillo. El 60% de ese dinero lo absorben las políticas de vivienda y rehabilitación, y 473 millones para infraestructuras de transporte (incluida una partida para conectar el tranvía de Alcalá de Guadaíra con la línea 1 del Metro de Sevilla).
Las cuentas andaluzas recogen una caída de ingresos (debido a la bajada del IRPF para las clases medias y del impuesto de hidrocarburos) y un aumento del gasto. Sin embargo, la Junta confía en cuadrar sus números gracias al crecimiento de la economía andaluza, que estiman en un 2,6% del PIB regional; gracias a que habrá una mayor recaudación vía tributos y por las políticas de lucha contra el fraude fiscal (1.008 millones), gracias al dinero que llega del Estado (825 millones), gracias a “la buena gestión pública” del Gobierno, y por factores macroeconómicos que han beneficiado a Andalucía, como el precio del petróleo o la depreciación del euro. Por primera vez en ocho años, la consejera de Hacienda también ha anunciado una previsión del empleo para 2016, que estima en un aumento del 2,7%, similar al incremento de la economía, y que cuantifica en la creación de más de 190.000 puestos de trabajo de aquí a final del año que viene. El presupuesto recoge una partida global de 2.037 millones de euros para “combatir el desempleo” (un 22% más que en el ejercicio anterior), que en este momento está levemente por debajo del millón de parados.
Otra parte importante del presupuesto es la que devuelve derechos a los empleados públicos, cuyos ingresos aumentarán un 1%. Además la Junta consigna el dinero para devolver el 25% de la paga extra de 2012 a los funcionarios y la recuperación del 100% de la jornada y salario para interinos y eventuales de la Administración.
Para meter todas sus promesas electorales, más los acuerdos con Ciudadanos y cumplir con las severas medidas de restricción en el gasto público impuestas por Madrid y Bruselas, la Junta ha aumentado un 13,4% su deuda para 2016, llegando a los 2.997,5 millones de euros. Al ser preguntada si los próximos presupuestos pueden definirse, como se hizo con los tres anteriores (diseñados al alimón con IU), como unos presupuestos “de izquierdas”, Montero aseguró: “Yo pertenezco a una organización de izquierdas y creo que este presupuesto está inspirado en las políticas que miran a las necesidades de los ciudadanos y que defiende el PSOE”.