Uno de los momentos más tensos de esta campaña electoral sucedió a poco de comenzar, cuando se filtró a un medio digital que los hijos pequeños del candidato del PP, Juan Manuel Moreno, iban a un colegio privado. El círculo más próximo a la socialista Susana Díaz dejó caer sobre él un torrente de duras críticas en las redes sociales: ¿un político que defiende la educación pública pero luego rechaza las escuelas públicas que le ofrece la Junta de Andalucía para matricular a sus hijos en la privada? La propia Díaz, en el último debate de TVE, respondió a Moreno que ella había estudiado en colegios públicos, cuando éste le echó en cara su «mala educación» por interrumpir constantemente su turno de palabra.
La educación está cargada de valores sociales, culturales, de significados históricos y de motivaciones tan personales y pragmáticas como que unos padres elijan el cole más próximo a su casa, o el que tenga comedor y aula matinal. La educación es la política más ideologizada por todos los partidos, la que más distingue a la derecha de la izquierda y, por eso, durante una campaña electoral es más un arma que un contenido programático. El PP es el partido que defiende la nueva reforma educativa del Gobierno de Mariano Rajoy –la llamada ley Wert– como respuesta a una tasa de fracaso escolar que ronda el 30% en Andalucía. El PSOE es el partido que ha recurrido esa ley en los tribunales, porque cree que rompe el principio de igualdad de oportunidades y que segrega a los estudiantes más capaces de aquellos a los que más esfuerzo les cuesta. Los populares han eliminado la gratuidad de libros de texto en las comunidades donde gobiernan (Moreno mostró en televisión un manual de Matemáticas destrozado para criticar el sistema andaluz que permite que el mismo libro pase de alumno en alumno durante cuatro años). Los socialistas mantienen, pese a los recortes, una red de servicios complementarios en la escuela pública para ayudar a la conciliación familiar: aula matinal, comedor, actividades extraescolares. Una de sus propuestas estrella en esta campaña es ampliar el horario de tarde hasta las siete, y usar a universitarios recién licenciados en Magisterio para dar clases particulares por las tardes a los niños con más problemas de aprendizaje.
Las propuestas estrella en educacion hay que digerirlas con calma: en 2008, la estrella fue la beca salario de 6.000 euros al mes para alumnos que, por problemas económicos, no podían continuar sus estudios tras la ESO. Desde entonces, una media de 3.000 jóvenes al año se han beneficiado de esas ayudas. En 2012, en cambio, la estrella fue la beca Segunda Oportunidad, también con formato de salario mensual de 400 euros para jóvenes parados que quisieran reengancharse a la escuela. Los requisitos fueron tan exigentes que nunca llegó a materializarse después de las elecciones. A día de hoy, el 90% de las solicitudes para esas becas quedan desiertas. Esta vez, el PP lleva un plan para mejorar las infraestructuras educativas (algunas tienen más de 30 años) y acabar con las caracolas. IU insiste en recuperar los servicios educativos privatizados e ir reduciendo centros concertados a favor de los públicos. Ciudadanos defiende la concertada, pero pide una escuela laica con clases de Historia de las Religiones, en vez de Religión. Ambos coinciden en mejorar la formación de los universitarios que estudian para ser profesores, creando una especie de MIR. Podemos propone guarderías públicas gratis para todos los niños de 0 a 3 años. Ninguna de estas medidas está presupuestada en los programas y algunas, como el MIR, no son competencia exclusiva de la Junta.
La Consejería de Educación subió en el organigrama del Gobierno andaluz en 2009. José Antonio Griñán la situó como una de sus prioridades. Luego volvió a relegarla, y la entrada de Díaz a la presidencia convirtió la cartera en un macrodepartamento mezclado con las políticas de Cultura, Deporte, Empleo y finalmente Turismo y Consumo. IU propone en su programa crear una consejería sólo para Educación, junto con Investigación (lo cual uniría de nuevo a las universidades a este departamento, como lo estaba hasta 2004). Ahora la educación se gestiona como un servicio, y no como una política que movilice y comprometa a padres, profesores, estudiantes. Con la crisis, el debate puramente educativo ha desaparecido de la arena política, difuminado en el magma de los recortes al Estado de Bienestar. El PP es el partido que cambió la ley para permitir que las comunidades aumentaran la ratio de alumnos por aula y prescindieran de personal. La Junta, gobernada por el PSOE, se negó a hacer lo primero, pero sí hizo lo segundo: dejó salir del sistema a 4.502 interinos.
La educación es competencia de las comunidades, pero el cuerpo legal lo establece el Gobierno central. Todos los partidos comparten la necesidad de un pacto educativo que dé estabilidad al sistema escolar, pero la polaridad ideológica entre las dos grandes fuerzas (PP-PSOE) hace inviable este debate. Lo cierto es que el sistema educativo en España es bastante estable y continuista, a pesar de que ha habido siete leyes distintas, lo esencial del cuerpo normativo no ha cambiado. La propia ley Wert ha dejado margen de autonomía suficiente como para que el Gobierno de PSOE-IU en Andalucía haya esquivado algunas de sus propuestas: se mantiene Educación para la Ciudadanía, no como obligatoria, pero sí como opcional, se reduce el horario de Religión, se incrementan las horas de la Formación Profesional Básica, un ciclo nuevo para repetidores que la Junta detesta, para que los alumnos tengan una segunda oportunidad de culminar sus estudios.
Los programas electorales de todos los partidos están más enfocados en la oferta de medidas sociales pensadas para las familias (más guarderías, menos caracolas, mejores instalaciones, clases particulares...) que en propuestas pedagógicas que implique una mejora de la labor docente, por ejemplo. Todos creen que hacen falta más maestros, claro, aunque el límite a la contratación pública haya permitido al PP y al PSOE reducir la plantilla docente en los últimos siete años. Los programas sí evidencian que, excepto el PP, todos los demás partidos están en contra de la ley Wert y proponen formas para ningunearla o sortearla.