Mar Moreno regresó este lunes al Parlamento andaluz, una cámara que presidió entre 2004 y 2008, para declarar ante la comisión que investiga las irregularidades en las ayudas a los cursos de formación para el empleo. El expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, la nombró consejera de Educación en 2012, atribuyendo por primera vez a esta cartera las competencias sobre la Formación Profesional ocupacional, que hasta entonces siempre habían estado en la Consejería de Empleo. El objetivo político era tremendo: unificar la FP reglada, la que se estudia en los institutos, con la FP ocupacional, los cursos de formación para parados y trabajadores poco cualificados, un área que movía una gran cantidad de millones, fondos europeos en su mayoría, y que al poco se convertiría en el epicentro de una docena de investigaciones judiciales por posible fraude de ayudas. Moreno quiso dejar claro que “los nubarrones” que ensombrecen ahora los cursos de formación “fueron posteriores a su salida de la consejería”. Asumió el cargo tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012, el traspaso efectivo de las competencias sobre la formación para el empleo a la Consejería de Educación se produce el 3 de abril de 2013, pero Moreno es destituida cinco meses después, el 9 de septiembre de ese año, tras la dimisión de Griñán y la formación de un nuevo gabinete por parte de la presidenta Susana Díaz. Con este argumento, la exconsejera ha eximido cualquier tipo de responsabilidad en las irregularidades que más tarde afloraron en los cursos de formación, primero a partir de los informes de la Intervención General, y luego por la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.
La FP para el empleo es ahora el leit motiv de la comisión de investigación en el Parlamento, por la que han pasado casi 70 comparecientes ascendiendo en la escala de responsabilidad política dentro del Gobierno andaluz. Entre hoy y mañana, la comisión llega a los últimos peldaños: Moreno, que fue consejera de Educación y más tarde consejera de la Presidencia, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que comparecen esta tarde, y finalmente Susana Díaz, consejera de Presidencia cuando saltó el escándalo de las ayudas de formación, y hoy presidenta de la Junta. “Apenas nos dio a tiempo a hacer casi nada. En los cinco meses que fui consejera, hicimos frente al traspaso parcial de las competencias, y planteamos las líneas estratégicas de la FP en Andalucía, pero cuando me fui, todavía no había finalizado el traspaso al cien por cien ni del personal”, explica Moreno.
El portavoz de IU José Antonio Castro le ha recordado que “fracasaron en el objetivo político” de integrar las dos FP, porque tras su cese, la formación para el empleo volvió a desgajarse de Educación y regresó a la tutela del SAE (Servicio Andaluz de Empleo). Los portavoces de Ciudadanos, Marta Bosquet, de Podemos, Juan Moreno Yagüe, y del PP, Jaime Raynaud, no han discutido que la responsabilidad de la exconsejera en materia de formación para el empleo estuviera limitado en el tiempo, pero sí le han reprochado que como miembro del Consejo de Gobierno responsa como si no tuviera ninguna voz política en este asunto. “En mi periodo de tiempo no hay suspensión de nada, yo no mandé suspender nada. Yo no tuve ocasión de decidir si hacer convocatoria o no”, ha recalcado Moreno. En su intervención final, la exconsejera subrayó que “todo el equipo de Educación actuó atendiendo a la legalidad y nunca di orden de que se incumpliera”. Por último, a modo de crítica, Moreno advirtió de que en su calidad de senadora por la comunidad andaluza ha podido corroborar que “otras regiones gestionan estas ayudas a la formación con el mismo procedimiento que la Junta sin que se le cuestione ni se le acuse como a esta administración”.
