A seis días para que se produzca el discurso de investidura de Susana Díaz en el Parlamento, los partidos que pueden facilitar el nombramiento de la socialista como presidenta de la Junta se sitúan en las antípodas del entendimiento con el PSOE. Ni el PP ni Podemos ni Ciudadanos (C,s) votarán a favor de la candidata del PSOE ni permitirán su designación absteniéndose. En el caso de estos dos últimos partidos emergentes, el discurso además es muy beligerante contra un PSOE que ya da por hecho que Díaz será investida presidenta la semana que viene, y que hoy mismo ha vuelto a remarcar que “hay elementos suficientes de entendimiento” con ambas formaciones. Los socialistas no piden a sus adversarios que voten a favor de Díaz, sino que lleguen a un acuerdo de investidura que permita a la socialista formar gobierno. El portavoz del PSOE, Mario Jiménez, ha asegurado que hay “fuertes coincidencias” con las condiciones que Ciudadanos y Podemos han puesto sobre la mesa, y ha anunciado que en los próximos días se reunirán con sus negociadores para intentar amarrar la investidura. Pero los dirigentes de C,s y Podemos, Juan Marín y Teresa Rodríguez, han hecho una lectura muy distinta de lo que está pasando, y han cargado duramente contra el optimismo de los socialistas, tildándolo de “estrategia de presión” para forzarles a facilitar el nombramiento de Díaz, “intoxicación”, “globo sonda” y “chantaje”. “No es una buena receta intoxicar. La presión no es buena para el diálogo, ni el chantaje, ni plantear sesiones de investidura cada dos días”, ha sentenciado Rodríguez. Ambos dirigentes aclaran que el PSOE no les ha vuelto a convocar ni les ha llamado desde hace 20 días, cuando se reunieron por primera vez para presentar sus condiciones a la investidura.
Las condiciones de C,s se plasman en un decálogo contra la corrupción, cuyo punto principal es que cualquier cargo público que esté imputado dimita, una medida que excede el listón del PSOE, que considera que la imputación no comporta necesariamente delito y que se trata de una garantía procesal. También exige que los partidos políticos devuelvan
el dinero que hayan defraudado sus miembros, una medida que se incluye entre las exigencias de Podemos. El partido de Teresa Rodríguez pide, como condición innegociable, que la Junta rompa su relación contractual con todos los bancos que permiten desahucios; y que cese a todos los altos cargos de confianza designados a dedo en la Administración (directores generales, secretarios generales, delegados provinciales, asesores...) para que sean sustituidos por personal funcionario. Con el ahorro previsto, unos 23 millones de euros, prevén aumentar las plantillas de sanitarios y profesores. El PSOE no ha
proporcionado la lista de cargos de confianza que trabajan para la administración ni para las agencias instrumentales. Según Podemos, el secretario de Organización de los socialistas, Juan Cornejo, calculó que en la Junta habría unos 200 directores generales y otros 200 trabajadores eventuales.