El Tribunal Supremo ha inhabilitado al president de la Generalitat. Su desobediencia es la causa y no la que esgrimen los nacionalistas catalanes que dicen estar ante una maquinaria represora que quiere aniquilar las instituciones catalanas. Si Quim Torra no hubiera utilizado un edificio oficial como reclamo electoral no hubiera pasado nada de esto. Pero los nacionalistas catalanes siguen a lo suyo y sus seguidores siguen creyendo ese discurso.
En España tenemos enormes problemas. Y en plena pandemia se une el de Cataluña que, si bien no había desaparecido, parecía estar en fase de reposo.
El independentismo catalán es sectario e intolerante. Ninguno de los elementos que lo componen duda al imponer sus criterios y al discriminar a los catalanes que no se encuentran entre sus seguidores. Por supuesto, todo lo español es atacado y se quiere destrozar. Eso sí, la democracia española garantiza que las libertades de los independentistas queden intactas y que solo la ley dicte si algo de lo que hacen es motivo, como en este caso, de inhabilitación.
Los nacionalistas siempre han querido estar sobre la línea que separa lo legal de lo que no lo es. Torra tendrá que dejar su cargo porque ha cometido un delito. Y poco más hay que discutir.
Sería deseable que se convocasen elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña lo antes posible. Pero Torra y Puigdemont querrán llevar al extremo las cosas y topar con todo y con todos puesto que es una estrategia que les ha funcionado muy bien entre sus votantes.
En Cataluña la ley se cumple como en el resto de España. Y los delincuentes son condenados por cometer delitos y no como estrategia de represión. En España los delincuentes pagan por sus delitos. Y Cataluña es España.