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Actualizado: 04 dic 2020 / 12:59 h.
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  • Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. / EFE
    Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. / EFE

Cada día que pasa, parece estar más clara la intención de demoler el modelo de Estado por parte de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha cedido, desde el primer momento y sin reparo alguno, ante su socio de Gobierno que parece ser insaciable y tampoco tener reparo alguno en intentar hacerse con la mitad del Estado a cambio de su apoyo. Pero es que, además, Pedro Sánchez he cedido ante los independentistas vascos y catalanes; ha cedido ante todos no para buscar el bien común sino para seguir ocupando su despacho en el Palacio de la Moncloa.

Y todo esto no les va a salir gratis a los españoles. Las cesiones de Sánchez son las cesiones de todos. Por otro lado, cada movimiento político discutible y contrario a la voluntad de la mitad de los españoles puede ser el comienzo de un camino que lleva hasta situaciones mucho más serias y de un calado mucho mayor, situaciones que podrían ser tan definitivas como nefastas.

Los independentistas catalanes han logrado que en la ‘Ley Celaá’ se elimine la referencia al castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Por su parte, el PNV ha logrado que la asignatura llamada ‘Lengua cooficial y literatura’ pase a llamarse ‘Lengua propia’. Es decir, el uso del idioma como herramienta excluyente, a efectos prácticos y simbólicos, es esencial para los que quieren convertir España en eso que llaman ‘nación de naciones’.

Para la nueva política representada por Unidas Podemos, PNV, EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, Más País, Compromis, CUP y BNG, la Constitución española está acabada; el modelo de Estado está acabado; y España está acabada tal y como la conocemos. Los diputados de esos partidos son los que mantendrán a Sánchez en La Moncloa hasta las próximas elecciones y han presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para «poner fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal»; es decir, quieren que se tengan que utilizar todas las lenguas oficiales de España en el Congreso, en el Senado, en RTVE o en el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Ya comienzan estos diputados a construir los cimientos que deberán soportar el cambio que quieren y que no es otro que un nuevo modelo de Estado.