Mañana, el precio de la electricidad llegará a un límite hasta ahora desconocido. El megavatio hora se pagará en el mercado mayorista a 188,18 euros, un auténtico disparate que hace un año hubiera parecido cosa de ciencia ficción.
Es evidente que esta escalada descomunal del precio de la electricidad tiene al Gobierno de España contra las cuerdas. Es el gran caballo de batalla con el que se enfrenta en estos momentos, justo cuando las encuestas (salvo la del CIS) arrojan datos muy poco favorables para Sánchez si hoy los españoles acudieran a las urnas. Es por ello por lo que, por ejemplo, resulta inexplicable que Pablo Casado se busque problemas en Madrid queriendo atar corto a Díaz Ayuso y dando cuerda a Martínez Almeida.
Sea como sea, el Gobierno ya reconoce que el precio de la electricidad puede lastrar la recuperación económica de España y señala la subida del gas como gran responsable del problema. Lo cierto es que la inflación sube y si llega a ser muy alta el crecimiento económico se puede ver mermado. Los salarios podrían subir en exceso y lo que es seguro es que los salarios de los funcionarios y las pensiones se convertirán en un problema mayor del que es.
Por medio de un Real Decreto, el Gobierno reducirá el Impuesto Especial sobre la Electricidad; pasará de ser el 5,1 por ciento al 0,5 por ciento; además se fijará un Suministro Mínimo Vital, es decir, una potencia mínima. Se alargará de 4 a 6 meses el periodo durante el que no se puede cortar el suministro en hogares vulnerables. Y, por otra parte, las eléctricas serán las máximas perjudicadas en todo este asunto. Las empresas que gestionan nucleares o hidroeléctricas son señaladas como villanas de todo esta enorme conmoción. El Gobierno retirará de forma inmediata la retribución sobre el CO2 que no emiten. Se espera una recaudación de 2.600 millones por esta causa.
Hace pocas fechas, la ministra Teresa Ribera, dijo que esto no se podía hacer, que no había forma de enfrentar el problema. Ahora resulta que sí se podía. Una contradicción que complica la situación y genera mucha incertidumbre entre los ciudadanos. Sumado a la inseguridad jurídica que este proceso está generando entre los inversores, podemos estar ante una nueva tormenta perfecta.