El Tribunal de Cuentas, según el informe que ha entregado en el Congreso de los Diputados sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2018, afirma que existen errores por valor de 9.000 millones de euros en algunas valoraciones.
Esa Cuenta General del Estado es la primera que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez; un Gobierno formado por 22 ministros de los que 4 son, además, vicepresidentes.
Los errores son múltiples. Las cuentas presentadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentan una sobrevaloración de 2.292,8 millones de euros. La Administración General del Estado (AGE) carece de inventarios en los que seconste de forma explícita el total del inmovilizado material. La paga extra devengada del mes de diciembre de 2018 (empleados públicos y pensiones de Clases Pasivas y del sistema) «con un impacto negativo negativo en el patrimonio neto de 1.862,3 millones de euros y en el resultado del ejercicio de 120,6 millones» no aparece por ninguna parte. Estas son algunas de las anomalías, las más llamativas, que aparecen en ese informe del Tribunal de Cuentas.
Todo resulta preocupante y a los ciudadanos les asaltan dudas que van del escándalo a la pérdida de confianza más absoluta en la clase política en general y, por supuesto, en el Gobierno de España. Algo parecido a esto, trasladado a la empresa privada, es impensable sin que las consecuencias acabaran con los responsables pagando las consecuencias. Y que esto pueda ocurrir en un país democrático, moderno y libre, sin que nadie dimita o sin la más mínima reacción por parte de la oposición es, al menos, sorprendente.
El informe del Tribunal de Cuentas, por otra parte, dice que el sistema de la Seguridad Social presenta un patrimonio neto negativo por valor de 33.260 millones. Si estuviéramos hablando de la empresa privada, lógicamente, estaríamos frente a una empresa en quiebra. Y el Gobierno sigue utilizando la deuda para financiar el sistema y el Tribunal de Cuentas pide que esa financiación se busque en otros ámbitos. Este Gobierno, y cualquier otro que llegue en el futuro, tendrá que sanear estas cuentas de la Seguridad Social.
En definitiva, una fotografía económica problemática. Pero, mucho más importante, una instantánea de una gestión ineficaz, desastrosa e injustificable.