Como ya se ha dicho en estas mismas páginas ‘los poderes públicos son los responsables de garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Esto quiere decir que no se puede plantear conflicto alguno entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda; esto quiere decir que una vivienda propiedad de un ciudadano cualquiera no puede ocuparse bajo la justificación del derecho a la vivienda que reconocen nuestras leyes. Y esto lleva a pensar en la ocupación de inmuebles como un delito y poco más, una forma de usurpar las viviendas que está diezmando, paradójicamente, a las clases más desfavorecidas’.
El problema de la ‘okupación’ sigue creciendo sin control y los daños que se provocan aumentan en la misma proporción. Sin embargo, el problema no parece que se vaya a solucionar con rapidez. El PSOE se inclina por promover la vivienda de alquiler social; Podemos se decanta por disponer de una alternativa habitacional antes de proceder a la ‘desokupación’; desde el PP se pide endurecer las penas tanto en el ámbito civil como en el penal; del mismo modo el pasado 10 de julio, Ciudadanos registró una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para endurecer el delito de usurpación, regulado en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Solo Vox se decanta por ‘una patada en el culo’ como fórmula para acabar con la usurpación de la vivienda ajena.
Los sujetos que entran en las casas (primeras y segundas viviendas) lo hacen de forma sigilosa para que nadie pueda denunciar la situación y, así, la policía no pueda sacar de la vivienda a los usurpadores. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen la competencia de desalojar, sin orden judicial, una casa ‘okupada’ durante las primeras 48 horas desde el inicio de la ‘okupación’. Por tanto, ante la desidia de los políticos la mejor forma de evitar conflictos que se pueden alargar hasta cinco años es contratar un servicio de alarma con aviso a la policía. Una vez más, el Estado es incpaz de dar una solución que se ajuste a las necesidades de la sociedad.
Los sujetos que se dedican a ‘okupar’ viviendas ajenas entran, siempre que les es posible, con menores de edad para hacer más difícil la ‘desokupación’. Saben cómo alargar los procesos y retuercen las leyes hasta límites inimaginables. Los propietarios se encuentran en clara desventaja y, así, la situación que se provoca es injusta y muy absurda.
En definitiva, el problema es grave y no parece que el Gobierno actual pueda hacer nada al respecto ya que su socio no parece entender que detrás de todo esto suelen existir mafias y actitudes delictivas sin más. Unidas Podemos sigue haciendo campaña desde que llegaron al Gobierno.
Cualquiera que abandone su casa durante un periodo más o menos extenso está en peligro de tener un problema de ‘okupación’ que se puede dilatar en el tiempo y causar enormes gastos puesto que los okupas disponen de la casa en su totalidad (gas, luz y agua incluidos). De la ‘patada en el culo’ a ponerse de perfil existe un enorme abanico de posibilidades y alguna tendrá que utilizarse para solucionar este asunto. Es urgente.