Pedro Sánchez ha tratado de presentar el nombramiento de Dolores Delgado -nueva Fiscal General del Estado- como algo normal, como algo estético y especialmente bueno para la democracia española. Por supuesto, no lo ha logrado.
Toca renovar las instituciones judiciales y, esta vez, Pedro Sánchez acusa al PP de bloquear la situación (los políticos del PP suelen acusar a los del PSOE cuando gobiernan ellos; es un clásico que se repite cada cierto periodo de tiempo) aunque olvida decir, al mismo tiempo, que trata de conseguir una mayoría progresista que facilite la relación del propio Sánchez con los que millones de españoles creen que no hay nada que discutir. En un futuro muy próximo el Tribunal Constitucional se enfrenta a un número importante de recursos con los que los independentistas catalanes quieres hacer claudicar a la Justicia española definitivamente. Y el Tribunal Constitucional es una de esas instituciones judiciales que hay que renovar. En definitiva, estamos viviendo un momento crítico y los cambios que se produzcan serán esenciales.
Las renovaciones de este calado tan sumamente importante no pueden nacer de la imposición, de la falta de consenso o de la soberbia de un dirigente político que quiere dibujar una realidad que no existe y que solo puede aparecer si se retuercen hasta más no poder las aplicaciones del derecho o las estructuras que mantienen en pie el orden constitucional. Y, por eso, el nombramiento de Delgado es justo el gesto innecesario y contrario a un posible entendimiento entre las partes.
Es fundamental renovar el Consejo General del Poder Judicial, la presidencia del Defensor del Pueblo y afrontar el relevo de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Hay que hacerlo y eso no puede convertirse en moneda de cambio político. Ha de teñirse de oportunidad para hacer las cosas bien, para elegir las mejores de las opciones. Sin soberbia, sin arrogancia en ninguna de las partes involucradas.