La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, cumpliendo con los requisitos en vigor, ha actualizado el Programa de Estabilidad 2020-2021 y el Programa Nacional de Reformas de 2020 para su remisión al Consejo y a la Comisión Europea. Lógicamente, todo lo que se ha ido haciendo por parte del Gobierno español debido a la pandemia provocada por la Covid-19 se ve reflejado en ambos programas.
El consumo se derrumba, la actividad empresarial se ha frenado bruscamente y eso, sumado al 51,5 por ciento del PIB que se va a destinar a paliar los efectos de la pandemia (medidas sociales, sanitarias, laborales y económicas), nos arrastran, entre otras cosas, a un déficit público para 2020 del 10,3 por ciento y una deuda pública del 115,5 por ciento. Son cifras astronómicas e inquietantes.
Todo lo que España ha ido progresando desde el año 2014 se desmorona. Este es el triste resumen que se puede hacer ante una situación que se dibuja con trazo grueso.
Fuentes fiables estiman que la caída del PIB será del 9,2 por ciento con una recuperación de casi 7 puntos en 2021. Ya sabemos que la caída del PIB en el primer trimestre ha sido superior al 5 por ciento; se estima que en el segundo superará el 18 por ciento (esto no es una errata) y se recuperará en la segunda mitad del año hasta el 9,2 por ciento apuntado anteriormente.
Todo esto viene acompañado por un descenso de la recaudación tributaria dada la caída del empleo y un descenso del consumo de casi el 9 por ciento. En 2019 se recaudaron 277.317 millones de euros. En 2020 se prevé una cantidad menor, concretamente 263.443. Eso es un 5 por ciento menos.
El Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes caerá un 2,5 por ciento. El Impuesto de Sociedades se estima que alcance los 23.592 millones de euros, cayendo un 8,7 por ciento respecto a 2019 y debido a la caída de beneficios causados por la pandemia. La recaudación gracias al IVA caerá algo más del 5 por ciento. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados descenderá un 37,9 por ciento. Y los Impuestos Especiales no se libran del desastre y presentarán una tasa negativa del 6,4 por ciento. El único impuesto llamado a subir es el IBI (2 por ciento)
El panorama es desastroso puesto que estamos hablando de cantidades nunca antes vistas en una situación de urgencia como la actual.
Conviene saber que el Programa Nacional de Reformas dice al referirse a la evolución de los ingresos tributarios, que «todo ello se hará, por supuesto, sin perder de vista la necesidad de preservar la sostenibilidad de las cuentas finanzas públicas. Para ello, el Gobierno en 2021 retomará, en la medida de lo posible, las medidas tributarias que ya ha planteado con anterioridad y que no ha podido poner en marcha plenamente por cuestiones ajenas a él.
Así, se espera que la desviación presupuestaria que se registre en 2020 se empiece a corregir a partir de 2021, situándose de nuevo el déficit público en una senda descendente, junto con la deuda pública, lo que permitirá cumplir con los compromisos adquiridos a nivel comunitario».
¿Qué quiere decir todo esto? Pues que todas las medidas planteadas por el Gobierno en 2019 y los primeros dos meses de este año tendrán que esperar hasta el ejercicio 2021, que todo debe servir, en materia fiscal, para potenciar el consumo, favorecer la liquidez de las empresas y, así, una mayor producción. La economía ha quedado tocada y se ha de recuperar. Y dicho así tiene todo el sentido.
Pero la pregunta obligada es qué nos espera el próximo ejercicio. Todo parece indicar que la carga impositiva tendrá que ser mucho mayor para poder salir del enorme bache en el que se encuentra la economía nacional. Dicho de otra forma, es posible que las clases medias y las empresas de todo tipo tendrán que soportar, una vez más, el tremendo peso de una situación extrema sumada a la falta de previsión, a la gestión deficiente y a la falta de recursos políticos que sufre España en este momento. Una vez más.