Una seguridad social en quiebra pondría en serio peligro el Estado de bienestar que ha permitido a los españoles poder presumir de vivir en uno de los países que más y mejor ha cuidado y cuida de sus mayores.
El Banco de España dice que la deuda de la Seguridad Social es de más de 51.000 millones de euros. Eso supone que el aumento, respecto al año pasado, se acerca al 50 por ciento.
Los datos son preocupantes aunque, sobre todo, lo más llamativo es que no parece que existan posibilidades de una reforma profunda y pactada por todas las fuerzas políticas en busca de una solución que garantice, a corto y medio plazo, un funcionamiento adecuado y sostenible del sistema público de pensiones.
Es imprescindible que el Gobierno tome medidas para poder llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas porque decisiones tomadas sin contar con otros son estériles y, generalmente, se toman pensando más en los resultados electorales que en encontrar solución a los problemas que preocupan a los españoles. Una de ellas, la que ha prometido Pedro Sánchez, la que consiste en vincular la subida de las pensiones al IPC, reúne las dos peores características posibles: se hará sin contar con nadie, incluido el Pacto de Toledo, y tiene un claro tinte electoralista. Una solución a muy corto plazo para un problema que, así, se convierte en un asunto casi irresoluble. Más ahora que en la hucha de las pensiones quedan apenas 1.500 millones de euros.