El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla ha puesto en manos de su gabinete jurídico la información sobre el expediente incoado por parte del Colegio de Arquitectos (COAS) al colegiado gaditano Gumersindo Fernández, que elaboró sendos informes periciales sobre intervenciones realizadas en dos inmuebles por distintos aparejadores y que el COAS había denunciado ante el Contencioso-Administrativo, publicada por este periódico.
El secretario de los Aparejadores, Javier Gómez Ramallo, mostró ayer su «sorpresa» por la noticia, cuya «veracidad» va a estudiar su gabinete jurídico por si «puede ser constitutivo de un delito de coacciones y de intromisión en la justicia», toda vez que, recordó, tanto la sentencia sobre la actuación en Constantina, favorable inicialmente a los aparejadores, como el caso de la nave del polígono Calonge, en Sevilla capital, están pendientes de resoluciones judiciales. El propio Colegio de Arquitectos ha recurrido la primera sentencia y los Aparejadores han respondido a este recurso, con lo que el caso se eleva ya al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En su opinión, el expediente que el COAS ha abierto al arquitecto que hizo los informes periciales vulnera el artículo 24 de la Constitución, que otorga a las personas físicas y jurídicas el derecho a su defensa, en cuanto no permite que el COAATS recurra a un arquitecto como perito.
El COAS, por su parte, ha declinado responder en tanto que los expedientes de la Comisión de Deontología Profesional son «secretos», mientras que el arquitecto que redactó los informes periciales se siente «perjudicado» profesionalmente con esta exposición pública de su caso.