La falta de mesura en el caso de los ERE: todos van sin frenos

Un año y medio en la cárcel se ha pasado el exdirector general de la Agencia Idea, Miguel Ángel Serrano, hasta que el Tribunal Constitucional ha dicho, en contra de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, que no había cometido delito de ningún tipo. Su abogado, uno de los letrados con más trienios en el caso de los ERE, Juan Carlos Alférez, de Constitución 23, ha visto como 14 años después un tribunal le da la razón sobre lo que llevaba diciendo desde el principio (2011): “Hablo jurídicamente, no hablo de política ni de nada por el estilo, solo de derecho y siempre lo he dicho claro: ni en la Agencia IDEA (Consejería de Innovación) ni en el Presupuesto (Consejería de Hacienda) había delito porque no había ninguna desviación de la finalidad prevista y aprobada en el Parlamento. Había una bolsa de dinero y un manual de instrucciones sobre cómo gastarlo”, señala quien ha defendido, con éxito, a los cargos de IDEA imputados en el caso.

El Constitucional fija los círculos de responsabilidad no en un totum revolutum sino delimitando el fraude donde hubo desviaciones presupuestarias. No dice que no hubo fraude, señala que no lo hubo en la llamada pieza política, es decir en el sistema con el que se financiaron estas ayudas sociolaborales. Por lo que se conoce hasta la fecha, el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, seguirá condenando por malversación pero acotado el delito al dinero que se sabe que se desvió de su fin original (ayudas a prejubilados y empresas en crisis). La propia sentencia de la Audiencia identificó esas desviaciones, 2000 y 2001, de la partida de ayudas sociolaborales 31.L mencionando 5,5 millones de euros que se destinaron a fines ajenos como una ayuda para los juegos del Mediterráneo de Almería o un conflicto con la limpieza en Granada.

El nuevo caso ERE

Ese será el nuevo caso ERE. No un fondo ilegal de 680 millones de euros diseñado en un complot político para perpetuarse en el poder, sino partidas, hasta 80 millones de euros, que se destinaron a intrusos, gente que se coló en los ERE regados con dinero público que nunca trabajaron en las empresas, gastados en sobrecomisiones que se llevaron los intermediarios y en ayudas directas a empresas sin justificar. Ahora, los prejubilados que siguen cobrando complementos a sus pensiones, que abona el actual Gobierno del PP, son cien por cien legales, aunque nunca nadie les ha pedido que devuelvan el dinero. Será en cada una de las piezas juzgadas o pendientes de sentencia en los tribunales, quedan más de 137 por resolver, donde se delimita de verdad la malversación.

El fraude millonario de los ERE vuelve a la Consejería de Empleo, epicentro de la corrupción

En el caso ERE siempre ha faltado mesura. Un PP condenado 37 años a la oposición encontró por fin el gran caso de corrupción del régimen socialista, la falla por la que se empezó a tambalear un PSOE imbatible en la comunidad más poblada de España. Es insostenible decir que los socialistas siguieran en el Gobierno por pagar los ERE una década, que al final cobraron 6.000 prejubilados, que haciendo extensivas a sus familias que suponen, ¿100.000 votos? ¿Decide eso un gobierno?

Las victorias del PSOE no eran fruto del voto subsidiado o cautivo, igual que el cambio del ciclo del PP no se debe a los ERE ni Juanma Moreno gobierna por un caso de corrupción de su adversario. Los ciclos se suceden por algo. El agotamiento socialista en Andalucía no fue cosa de un caso de corrupción, que ayudó a rematar, pero fue algo más complejo. Moreno no es presidente del Gobierno andaluz con una holgada mayoría absoluta gracias a una conjura del PP con la jueza Mercedes Alaya. Ni mucho menos.

En estos tiempos de argumentos de trinchera, de polarización, de blancos y negros sin grises, explicar el caso ERE es agotador. Oír al PSOE decir que hay que pedirles perdón es por momentos estomagante. Habría que pedir perdón a quienes han sido condenadas injustamente, a quienes le han robado la vida y la salud, pero al PSOE, ¿por qué? Escucharlos hablar sin admitir que sí que hubo fraude, que claro que se repartió dinero público sin observar las reglas más básicas ya no de la ley sino de la decencia, indigna a cualquiera que tenga sentido de la responsabilidad.

Un PP contra los jueces

El PP tampoco se está quedando atrás. En los últimos días han abierto la veda para ver quién dice la barbaridad más grande. Sería lógico esperar que insistieran en que sí hubo fraude, hay muchos casos sórdidos de ayudas concedidas en bares de copa y regadas con cocaína como para hacer pasar vergüenza al PSOE. Pero no ha optado por ese camino sino por poner en duda el Tribunal Constitucional y asegurar que Pedro Sánchez ha dado órdenes para que los magistrados progresistas borren los delitos de sus amigos condenados en los ERE (muchos no han cruzado ni media palabra con él en su vida). Un discurso antisistema que por momentos asusta.

En esas estamos en un julio donde las temperaturas ya amenazan con la alerta naranja y el agotamiento invita a darle la razón al que grita enfrente sus argumentos, porque ya se sabe que dialogar, matizar, explicar o entrar en grises es imposible. Hubo fraude de los ERE, no se sabe de cuánto, se da cuenta de hasta 80 millones de euros. Se robó dinero público que debía ir destinado a los parados andaluces. Los magistrados progresistas del Constitucional por más progresistas que sean no podrían desmontar el caso si no hubiera argumentos jurídicos sólidos para decir que no se prevaricó por incluir la partida 31.L y las transferencias de financiación en los presupuestos durante una década. No es equidistancia es mesura. Esa que siempre ha faltado en el caso de corrupción más importante que hasta la fecha ha tenido Andalucía. En mitad de tantos gritos reconcilia oír al letrado Alferez: “Lo importante es que hay garantías y el sistema ha funcionado aunque haya tardado 14 años”.