El juez quiere tomar la Moncloa

¿Hubiera conseguido Begoña Gómez sus cargos en el Instituto de Empresa o en la Universidad Complutense, de no ser la esposa de Pedro Sánchez? Los defensores de la mujer del presidente del Gobierno se escudan en su derecho al trabajo, con independencia del desempeño de su marido. Esta generosa valoración se debilita cuando las citas para obtener las direcciones de cátedras se orquestan en La Moncloa, y por secretaria interpuesta. Con estos mimbres y un ramillete de acusaciones de ultraderecha, el juez Juan Carlos Peinado ha montado una impugnación general al Gobierno que desemboca en su actual pretensión de tomar La Moncloa. Se puede intensificar una investigación hacia la cúpula del poder por disponer de datos incriminatorios. También se puede huir hacia arriba cuando se carece de argumentos.

Un presidente del Gobierno está razonablemente ocupado velando por cincuenta millones de españoles, además de solucionar la matanza de Gaza, y este surmenage es la base de los aforamientos. Importunar a un primer ministro para que declare por la presunta corrupción conyugal no puede formar parte de un safari exploratorio, requiere certezas.

Sánchez se equivocó gravemente al colocar las contrataciones de su esposa como un asunto de Estado, que incluso justificaba su abdicación temporal. Con tan estrambótico comportamiento, encendió la hoguera que ahora atiza la extrema derecha.

El PP de Feijóo debería estar preocupado por la imputación de facto que supone la testifical del presidente del Gobierno. Los populares pueden incurrir en la hipocresía de aplaudir pero saben que no se puede gobernar ni un mes, y menos desde los estándares históricos de la derecha, con el nivel de escrutinio impuesto en el caso Begoña. De hecho, Rajoy ya declaró en un caso de corrupción, y obtuvo el título de "testigo poco fiable". También González tuvo que personarse en el Supremo, la diferencia es que todavía cuesta asignar a Sánchez el comportamiento políticamente intolerable que ha desembocado en la vía penal. La llegada de un juez a la Moncloa no contribuye a que España esté mejor gobernada, pero ayuda a que sea ingobernable.