La población española por sexos está bastante igualada, con un 49 por ciento de hombres y un 51 por ciento de mujeres, una edad media de 42.9 años, y una esperanza de vida en aumento que supera los 82 años. Ahora somos 46.6 millones de habitantes. Por edades, el 15.9 por ciento de la población española es menor de 16 años, el 37.3 por ciento tiene entre 16 y 44 años, el 28 por ciento tiene entre 45 y 64 y el 18.8 por ciento tiene 65 o más años. Nuestro sistema sanitario y los buenos hábitos de vida, mejorados en el tiempo, han favorecido una mayor longevidad con mayor calidad de vida. España es el segundo país con mayor esperanza de vida (83 años), después de Japón (El País, 11 de noviembre de 2017). Nuestra pirámide de población, inicios de 2018, es muy mala con una base (edades entre 0 y 4 años) del 4.3 por ciento del efectivo total y una zona media poblacional (edades entre 40 y 44 años) que representa un 8,7 por ciento del total de población. El porcentaje de efectivos entre 0 y 4 años de la base de la pirámide debería ser bastante mayor del que muestra la pirámide actualmente. Nuestros políticos deberían analizar nuestra pirámide poblacional, y obrar en consecuencia para mejorarla; hay que incrementar la natalidad y para ello hace falta un plan estratégico de futuro. La Organización Mundial de la Salud lleva diez años avisando a España de su desastrosa demografía: pocos efectivos de edad baja y mucha población de edad alta, que hay que mantener. No es que no pueda haber gente mayor, sino que tiene que haber una base amplia de edades menores que sustente la parte alta de la pirámide con edad mayor.
En el medio natural una población que muestre una pirámide como la española está condenada a la extinción. Las soluciones demográficas son dos: o aumentamos la natalidad o la inmigración. La crisis, esa crisis que no cesa, sistémica, que ha venido a quedarse porque muchos viven mejor en ella (España ha incrementado el número de ricos en el periodo de crisis a la vez que aumentaba las diferencias sociales, el descarte y la pobreza). De acuerdo con los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística, a pesar de los datos favorables de junio, España parece que podría seguir perdiendo población este año por sexto año consecutivo. Desde el año 2000, el aumento de la población española se debió a la inmigración de extranjeros, incrementándose su número por cinco en diez años. Pero, como consecuencia de la crisis económica que asola España, desde 2008 una parte de ellos ha optado por volver a sus países de origen o emigrar a otro país si tenían la oportunidad en un escenario insolidario de puertas cerradas, produciéndose la mayor salida de inmigrantes en el año 2013. Carmen González Enríquez, del Real Instituto Elcano, manifestaba hace algún tiempo que la proyección de la población española al año 2052 presentada por el Instituto Nacional de Estadística, nos mostraba un grave peligro demográfico para nuestra sociedad como consecuencia de la baja natalidad y del freno a la inmigración; fenómenos a los que se une un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, desequilibrios territoriales, una reforma laboral que impone una rigidez injusta y una precariedad insostenible. Según la proyección citada, España perderá continuamente población en los próximos años, hasta llegar a 41 millones en el año 2052 (un 10 por ciento menos que en la actualidad) y será un país de viejos, con un 37 por ciento de la población mayor de 64 años en ese año, frente al 17 por ciento actual. En esas condiciones, el sistema de pensiones no podría mantenerse. Nos explicaba en su reflexión que esta proyección demográfica, como todas, es el resultado de extrapolar hacia el futuro los comportamientos del presente. Lo que dice en definitiva es: si la natalidad, la migración y la mortalidad mantienen las mismas tendencias de evolución de los últimos años, vamos hacia un desastre demográfico, sin suficiente población en edad laboral (16-64 años) para sostener las pensiones de los jubilados.
El ejercicio es técnicamente impecable pero debe entenderse como lo que es, recordando que estas extrapolaciones no tienen en cuenta las variaciones del entorno económico en el futuro, ni los cambios normativos (por ejemplo, un aumento en la edad de jubilación) y que, en consecuencia, su capacidad predictiva a largo plazo es pequeña. Es decir, que hay esperanza. Podemos cambiar, podría cambiar la economía, podrían favorecerse de forma ordenada la inmigración, podría favorecerse la natalidad con los adecuados incentivos sociales y la creación de empleo de calidad para la juventud, podrían encomiarse más todavía los valores de la familia. Se podrían hacer muchas cosas, pero la realidad va por otro lado. La inmigración baja, los jóvenes no pueden tener hijos porque no tienen trabajo, se fomenta una crisis de valores por motivos especulativos y cortoplacistas. ¿Podremos variar la condiciones materiales para hacer que la demografía española se estabilice en un escenario sostenible? Una parte del capital en el marco del sistema capitalista que vivimos solo quiere rendimiento como fin primero. Luego es responsabilidad de estado equilibrar las cosas, y eso depende de quién gobierne. Si quien sostiene el gobierno, considera que esta sociedad es justa y equitativa y que estamos saliendo de una crisis que actualmente acogota y angustia a muchas familias, recordemos que el papa Francisco ha dicho que esta economía mata, tenemos poca esperanza a corto plazo. Es precisa una reconsideración del problema independientemente de quien gobierne, y poner a las personas por delante del rendimiento del capital. El IPC se situó en diciembre en el 1.2 por ciento , lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para la mayoría de los salarios, incluidos los funcionarios, ¿cómo van a tener hijos las parejas? ¿Cómo vamos a arreglar nuestra pirámide demográfica? En el año 2017 más del 90 por ciento de los contratos fueron temporales.
Y hay temores nuevos, que pueden hacer que las cosas vayan a peor, como la enloquecida revalorización del bitcoin que alimenta el miedo a una burbuja de las divisas digitales (El País, 29 de diciembre de 2017). Si existiera el estallido de la potencial burbuja, las víctimas finales serían las mismas, y nuestra demografía sin arreglarse. Sin una buena pirámide demográfica no podemos subsistir en el futuro, una situación insostenible de la que se habla muy poco en el Parlamento, y no se ponen medidas serias para arreglarla. Si no reducimos la alta precariedad que sufrimos en 2018 la situación puede ser muy grave, por mucho que algunos políticos bien pensantes apunten a que la banca va a pagar las pensiones. Recordemos que la recuperación, debido a la mala gestión, de una parte de la banca nos ha costado casi 60.000 millones de euros, de los que recuperamos bien poco. La inversión pública, que genera empleo distribuido, alcanzó en el año 2017 su punto más bajo en 50 años (El País, 3 de enero de 2018). Según algunas previsiones, en España en 2018 se creará un 6 por ciento menos de empleo que en 2017 (ABC, 11 de enero de 2018).
Las ciudades pierden población y parte de le economía de proximidad se desarrolla en las ciudades. La ciudad de Sevilla ha perdido 13.000 habitantes en cinco años (Diario de Sevilla, 7 de enero de 2018). Todo esto no favorece el saneamiento socioecológico de nuestra pirámide de población, tenemos una demografía ecológicamente débil y habría que hacer algo. Si no rescatamos a nuestros jóvenes de la precariedad y la pobreza hundiremos un país que no se lo merece, y nuestros pensionistas serán los pobres del futuro. ¿Qué hacen los políticos por arreglar esta situación? ¿Qué ideas nos ofrecen para el año 2018?