La ministra de desempleo, Fátima Báñez, volverá a repetir como primera candidata del PP en Huelva y como primer acto de campaña no compareció ante la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga el fiasco en los cursos de formación. Prefirió evitar el pasillo mediático que acompañaría a su comparecencia y que le relacionaría en los telediarios con un suceso con el que su ministerio está inevitablemente relacionado.
Al PP de Andalucía, le sientan mal las sillas vacías. Que se lo digan a Javier Arenas, cuando su ausencia en un debate de Canal Sur TV vino a coincidir con su victoria pírrica en las elecciones autonómicas que pensaba ganar holgadamente hace años. Ahora, Fátima Báñez puede haberse librado del photocall de este fraude, pero ha dejado con la cara partida a Moreno Bonilla y sus correligionarios andaluces: mal podrán hostigar al ejecutivo de Susana Díaz, cuando la bancada socialista les recuerde que la ministra rociera utilizó el comodín de un dictamen del Consejo de Estado para faltarle al respeto a la Cámara andaluza.
Quizá prefirió apartar de ella ese cáliz porque tal vez tendría que haber resuelto una perplejidad. Vale que la Junta tenga que asumir responsabilidades por ese fraude, pero ¿por qué no ocurre igual en otras autonomías afectadas por este mismo ovillo cuyo hilo conduce al ministerio que ahora titula Báñez? El Gobierno andaluz parece haber pasado de víctima de una estafa a cómplice de la misma. ¿Por qué no ocurre igual en el resto del Estado? En Castilla y León, en Madrid, en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Baleares, en Valencia, en Aragón o en Extremadura. Quizá para averiguarlo, no sólo tendría que comparecer ante la comisión parlamentaria la candidata onubense, sino los jueces andaluces que, visto lo visto, han sido mucho más incisivos que sus colegas del resto del país.