La política fiscal y la igualdad de los españoles

El Estado del bienestar español depende en gran medida de las políticas autonómicas. Es tan sencillo como eso y, por esta razón, la financiación de las Comunidades Autónomas es algo fundamental que debería encauzarse debidamente sin que se pueda hacer política partidista con ello.

Durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el conflicto entre Gobierno y CCAA se ha dibujado con perfección. El impago del IVA del mes de diciembre de hace tres años es el motivo por el que las comunidades gobernadas por el PP y algunas de las que gobierna el PSOE se han rebelado.

Mientras en las Comunidades Autónomas se reclama ese pago, el Ministerio que dirige María Jesús Montero ha fijado un objetivo de déficit autonómico del 0,2 por ciento en 2020, del 0,1 por ciento en próximo año y el equilibrio en los presupuestos en año 2022. Con esta medida se trata de compensar la cantidad no cobrada, esos 2.500 millones de euros que han puesto en pie de guerra a los Gobiernos autonómicos. Pero la medida no ha tenido buena acogida. En absoluto. Al contrario lo que se vuelve a demandar es el cobro del IVA correspondiente que ya se contempló en los presupuestos de hace tres años.

El Gobierno de Pedro Sánchez busca apoyos en el nacionalismo catalán y vasco sin dudar en conceder privilegios que convierten a los ciudadanos de esas autonomías en sujetos de primera frente al resto que miran estupefactos cómo un Gobierno se mantiene a flote tratando de forma distinta a unos y otros. Esto es algo inaceptable que no debe suceder de ninguna de las maneras y a lo que no se puede acostumbrar ni un solo español.