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Foto: EFE
Los poderes públicos son los responsables de garantizar el derecho a la vivienda de los ciudadanos. Esto quiere decir que no se puede plantear conflicto alguno entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda; esto quiere decir que una vivienda propiedad de un ciudadano cualquiera no puede ocuparse bajo la justificación del derecho a la vivienda que reconocen nuestras leyes. Y esto lleva a pensar en la ocupación de inmuebles como un delito y poco más, una forma de usurpar las viviendas que está diezmando, paradójicamente, a las clases más desfavorecidas.
En España, cada año, se ocupan de forma ilegal 12.000 viviendas. En los últimos cinco años se ha incrementado en más del 50 por ciento este tipo de delito. Y en muchos de los casos que se producen, son las mafias las que están detrás de estructuras que hacen imposible una convivencia normal en determinados barrios y pueblos.
Las leyes que se dictaron para que la vivienda pudiera ser una realidad entre los más desfavorecidos, se han convertido en un escudo falaz con el que muchos tratan de justificar sus acciones delictivas. Poco tiene que ver la ocupación de la vivienda de una persona a la que ingresan durante un mes en el hospital con lo que se intentaba legislar. Aunque no todas las ocupaciones son iguales ninguna de ellas está justificada al margen de la ley.
Conviene revisar con urgencia la ley porque la usurpación de las viviendas no parece tener tope, ni solución por parte de los poderes públicos, y esto hace que sean grupos de ciudadanos organizados los que intenten poner orden. Esto es algo muy peligroso que hay que evitar por todos los medios. Se trata de no permitir que algunos ocupen propiedades de personas sin tener derecho alguno a hacerlo.