El exdirector de la cárcel de Puerto III ya fue acusado de vender permisos hace más de 30 años

Miguel Ángel R. O., director entre 2012 y 2020 de Puerto III, una de las tres cárceles de El Puerto de Santa María (Cádiz), quedó el pasado miércoles en libertad con cargos por conceder supuestamente beneficios penitenciarios a cambio de dinero. Pero no es la primera vez que este delito planea sobre su nombre: en noviembre de 1992, cuando dirigía el penal de Puerto II, la Federación de Servicios Públicos de la UGT de Cádiz lo acusó de facilitar permisos a narcos de manera irregular.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, al menos dos conocidos traficantes se beneficiaron en el marco del caso por el que fue detenido esta semana: Isidoro M., el Doro, uno de los grandes nombres del narcotráfico en Sanlúcar, y Francisco Javier R., el Patrón, jefe de un clan familiar de Puerto Serrano. La historia se repite: hace 32 años, la UGT de Cádiz señaló que Miguel Ángel R. O. "concedió un permiso penitenciario a José García Arana, más conocido por Gordo Micaela, responsable de una red de tráfico de cocaína", según recogió en aquel momento El País.

Entre ambas acusaciones han pasado más de tres décadas, pero las dos ponen el foco en lo mismo: la supuesta connivencia de este directivo de prisiones con los encarcelados por narcotráfico. "Tenía una amistad enorme con los grandes narcos de Sanlúcar, sobre todo con el Cagalera. Siempre se le veía rodeado de este tipo de delincuentes con dinero", asegura a este medio Pedro Pacheco, histórico alcalde de Jerez de la Frontera que cumplió condena en Puerto III. 

Y no solo con el narco. En 2014 Acaip, sindicato de referencia en instituciones penitenciarias, denunció que bajo el mando de Miguel Ángel R. O. había "internos de guante blanco". Un presidiario que había cometido delitos contra la Hacienda Pública "disfrutó de 36 días de permiso en un período de seis meses de estancia en la cárcel", según detalló la organización sindical y publicó en su día Diario de Cádiz.

El sindicato Acaip denunció en 2014 que bajo la dirección de Miguel Ángel R. O. había internos "de guante blanco"

Las tarifas que cobraba la red delictiva investigadas en la actualidad, en la que presuntamente participó también el administrador de Puerto III, eran aptas solo para prisioneros con solvencia económica: 9.000 euros por un permiso y 15.000 euros por un tercer grado, tal como corroboran fuentes de la Benemérita. "El tema de la retribución por los beneficios era vox populi en la cárcel. Y, claro, el narcotráfico paga muy bien, es un negocio lucrativo", apunta Pacheco.

La destitución como director de Puerto II

Las sospechas de posible corrupción que pesaban sobre Miguel Ángel R. O. hicieron que el Ministerio de Justicia lo apartara de la dirección de Puerto II el 17 de noviembre de 1992. Una decisión que recurrió, aunque la Sala del Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso cuatro años después al considerar que la destitución se ajustaba "al ordenamiento jurídico".

Su cese coincidió con el del máximo responsable del penal de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), ambos salpicados por un caso que concernía a varias empresas proveedoras de estas cárceles. Una de estas compañías suministradoras estaba dirigida por la esposa del subdirector de seguridad de Puerto II y por la del director de la prisión manchega. Este dato lo aportó el diputado Rogelio Baón, del Partido Popular, en una comisión de Justicia e Interior celebrada en marzo de 1993.

El Ministerio de Justicia lo cesó de la dirección de Puerto II en noviembre de 1992, una destitución que recurrió un año después

Si bien, durante esta intervención, Baón resaltó que Miguel Ángel R. O. había sido exculpado "respecto de las imputaciones que se le habían hecho de vender permisos". "Parece ser que el juez de vigilancia penitenciaria predeterminado, el del lugar, ha archivado ese expediente porque no tiene nada que ver con él, dice que eso ha sido debido a unas denuncias de los representantes de UGT Prisiones", añadió el político del PP.

De Lugo a Algeciras, la vuelta a los despachos

Seis años más tarde de su destitución, en 1998, asumió la gerencia del centro penitenciario de Monterroso, en la provincia de Lugo. Aquel año, ya con Aznar en la Moncloa y Ángel Yuste como director general de Instituciones Penitenciarias, se confió de nuevo en Miguel Ángel R. O. para dirigir una prisión, un nombramiento posible gracias a que este tipo de cargos son de libre designación dentro del cuerpo de funcionarios.

Allí permaneció hasta 2003, cuando le encargaron administrar la cárcel de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz). Pero no duró mucho: la entrada del PSOE en el Gobierno en 2004 trajo consigo la destitución de Ángel Yuste y un nuevo destino para Miguel Ángel R. O. En concreto, la dirección de Programas en el Centro de Inserción Social de Jerez de la Frontera, su ciudad natal.

Con Ángel Yuste como responsable de Instituciones Penitenciarias, dirigió las cárceles de Lugo, Algeciras y Puerto III

La gran recompensa laboral le llegó en 2012, coincidiendo con un Ejecutivo nacional del Partido Popular y la vuelta de Ángel Yuste: la dirección de Puerto III, una de las prisiones con más reclusos de España. Por entonces este jerezano acumulaba 37 años de carrera y distinciones como la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario. Y en el principal despacho de este presidio estuvo hasta 2020, cuando se jubiló.

A pesar de que se retiró de la vida laboral, el exdirector de Puerto III "seguía teniendo gran poder sobre los funcionarios", según las distintas voces con las que ha hablado este periódico. Ahora, tras una investigación de la Policía Judicial, se le imputan delitos de "tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión". De ser ciertos, Miguel Ángel R. O. podría acabar entre las mismas rejas que le tocó dirigir durante buena parte de su vida.