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El 5 de octubre de 1975, El Correo de Andalucía publicó esta fotografía y el comentario que reproducimos. / El Correo -
La Torre de los Remedios, inacabada, fue desde 1954 hasta 1974, el símbolo de la situación de la ciudad, sin espíritu, sin ilusión, sin fuerza social para decir ¡Basta!- / Fototeca Municipal de Sevilla-fondo Gelán
Hoy como ayer
El panorama social y político de la España de finales del siglo XX no difiere esencialmente del que hoy sufrimos. Y persisten los «Parásitos de la democracia». Reproducimos el texto que se publicó en este diario para comprobar que las cosas son más parecidas de lo que podríamos llegar a pensar. La historia se repite una y otra vez.
«Nadie puede adoptar la política como profesión y seguir siendo honrado» Louis McHenry Howe.
Con esta frase sentencia afrontamos el panorama sociopolítico que ofrecemos vinculados a la «partitocracia», que pone en evidencia la falta de realismo social del máximo dirigente del Partido Popular, José María Aznar (Presidente del Gobierno, 1996-2004), cuando dice y repite que «España va bien». Desde luego que va bien para los partidos políticos que «mantienen secuestrada la democracia», que han hecho almoneda de las esperanzas democráticas del pueblo teóricamente soberano.
Partidos que no adaptan las leyes a las exigencias democráticas electorales y judiciales, mientras sí procuran beneficios sociales para los propios políticos. España va bien para la delincuencia que se aprovecha de una Justicia sin leyes adecuadas ni suficientes medios técnicos, económicos y humanos; y para los que hacen apología del terrorismo, impunes por el desarme legal del Estado; y va bien para los grupos poderosos que dominan la economía internacional. Pero no va bien para la sociedad en su conjunto, para la clase media, para las víctimas del terrorismo y de la delincuencia, para quienes contribuyen con sus impuestos a mantener el tinglado de la «partitocracia».
Si censurable es la actitud del Partido Popular, los que ejercen la oposición merecen la misma valoración negativa. Los socialistas se han hundido en el lodazal de la descomposición política y han dado una imagen negativa que tardarán muchos años en hacer olvidar. Izquierda Unida no ofrece perspectivas positivas, y los partidos nacionalistas tienen más que demostrado su sectarismo e insolidaridad con el resto de España.
Los Partidos Políticos ya no tienen excusas para negarse a la reforma electoral. Los escándalos que se produjeron con los pactos después de los comicios municipales y autonómicos del 13 de junio pasado (1999), superaron todo lo sucedido en pasadas elecciones. Y además con dos testimonios expresivos de la sociedad española: la alta abstención y el elevado número de votos en blanco. Una situación que repercute negativamente en la economía y que afecta al empresariado, sobre todo al pequeño y mediano, que sufre las consecuencias en sus relaciones administrativas afectadas por los pactos de intereses.
Ha sido claro y contundente el rechazo de la sociedad a unos partidos que han secuestrado la voluntad popular con pactos de intereses y reparto de poderes. Sin rebozo han sido objeto del deseo las delegaciones con poderes socioeconómicos, empezando por Urbanismo y continuando por las relacionadas con obras y servicios, instalaciones deportivas, etc.
Otro motivo de rechazo social ha sido la decisión de subirse los sueldos alcaldes y concejales, en una espiral injustificada y discriminatoria para los funcionarios municipales y la sociedad en general. Una actuación en la que podrían estar implicados algunos partidos políticos beneficiarios de parte de los sueldos. Resulta inadmisible que, mientras los ciudadanos deben ajustar sus alzas salariales a las normas establecidas por los Gobiernos y empresas, vinculadas al Índice de Precios del Consumo o la propia productividad, los políticos se autoconceden aumentos en porcentajes escandalosos, incluso superiores al treinta por ciento. Y sin cortapisas ni normas oficiales, sencillamente por decisión propia, incluidos los concejales de la oposición.
La reforma electoral es necesaria y urgente, para acabar con los abusos actuales. Los concejales y diputados deben estar vinculados a los electores por distritos y con listas abiertas. Los alcaldes deben ser elegidos directamente, incluso en segunda vuelta, por los ciudadanos para acabar con los trapicheos de los pactos.
Los sueldos deben estar regulados según las características de los municipios. Alcaldes, concejales y diputados, deben estar sometidos a controles laborales, con horarios y funciones, como todo el que trabaja por cuenta ajena. Y nadie debería cobrar más de lo que ganaba en su actividad profesional. La política es un servicio, no un negocio.
Ya ves ustedes cómo estaba el panorama a finales del siglo XX. Y ya están viendo cómo está ahora, en el inicio de 2017, con apenas tres lustros vividos del siglo XXI. La crisis de Gobierno vivida en 2016 ha marcado un tiempo clave de España. Es verdad que la pérdida de la mayoría absoluta por parte del Partido Popular, la crisis del PSOE, la aparición de dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, produce una perspectiva nueva en la política española. Pero si analizamos las circunstancias vividas en el tramo final del siglo XX, vemos que esencialmente estamos igual o peor.
La incapacidad andaluza para defender sus derechos ha sido siempre una constante histórica, pero ahora, en la España de las Autonomías, se han alcanzado cotas sorprendentes. Y debería ser al contrario, pues si durante el régimen del general Franco se justificaban los silencios andaluces en la falta de libertad de expresión, ahora que la hay, las causas hay que buscarlas en la falta de líderes andaluces, la inoperancia de las instituciones andaluzas y, naturalmente, en la falta de un pueblo andaluz.
Irrita que esta Andalucía de la Junta autonómica, del Parlamento representativo del pueblo andaluz, de los partidos políticos que se apellidan andaluces, es decir, de esas instituciones básicas que se exigían para que Andalucía tuviera voz y voto en España, se callen ante los atropellos que sufre nuestra región.