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El magistrado Pedro Izquierdo, designado para juzgar a Chaves y Griñán. / Julio Muñoz (Efe)
La Fiscalía Anticorrupción «no conoce a día de hoy la existencia de motivo cierto y concreto alguno para pedir la abstención del magistrado» Pedro Izquierdo, que será el encargado de juzgar a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros 23 ex altos cargos andaluces en la denominada rama política del caso ERE. Izquierdo, presidente de la Sección Primera, fue Secretario General para la Justicia entre 2008 y 2014, durante los gobiernos de los dos expresidentes procesados. No obstante, el fiscal sí invita a Izquierdo a la reflexión al exponer una serie de puntos conflictivos sobre los que se basan las acusaciones para solicitar la recusación del magistrado, dejando así la decisión en manos del juez.
El Ministerio Público ha presentado dos escritos, uno en el que en el expone una serie de motivos que pueden «incidir en la decisión del magistrado sobre su idoneidad para conocer del asunto; y otro en el que se opone a la petición planteada por Manos Limpias y el PP, que reclaman la recusación del magistrado por haber sido alto cargo durante los gobiernos de Chaves y Griñán. En este último, fechado el 17 de marzo, la Fiscalía destaca que «el mero hecho del desempeño de un cargo público en la Administración autonómica andaluza no es per se causa de abstención o recusación». El fiscal examina «si se acredita por la parte que exista una amistad manifiesta del ponente con alguna de los encausados, al margen del hecho cierto de haber sido nombrado y mantenido en el cargo de confianza por dos de ellos. Nada se contiene en el escrito de la parte que acredite tal aseveración».
Anticorrupción entiende que «más allá de la genérica relación de subordinación que tienen todos, absolutamente todos, los funcionarios de la Junta, respecto del presidente del Consejo de Gobierno de la Junta». El fiscal recuerda que cuando la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de subordinación como motivo para recusar a un juez, «requiere una relación cercana y directa que suponga la ejecución de órdenes impartidas de manera cierta», una circunstancia que «no consta» en este caso. Igualmente, incide en que si el nombramiento de Izquierdo como alto cargo de la Consejería de Justicia está firmado por Chaves es porque «la firma del presidente venía obligada por el rango normativo del decreto».
Asimismo, el escrito destaca que «ninguna de las partes concreta hecho alguno» que refleje tener «interés directo o indirecto», más allá «del hecho de su cargo político durante seis años dentro de la Administración andaluza». Por todo ello, concluye que «no conoce ningún hecho o manifestación del ponente que le lleve a considerar sin error alguno que tenga un interés directo o indirecto en el pleito».
En el primer escrito, del 14 de marzo, la Fiscalía expone que «considera necesario mención aquellos particulares de las presentes actuaciones que puedan afectar a las exigencias de ausencias de causas ligadas al ponente que puedan afectar a su imparcialidad, por haber tenido conocimiento directo o indirecto del contenido litigioso de esta causa». Y lo hace, según explica, «con la finalidad de que el magistrado tome a día de hoy conocimiento de las mismas y pueda valorar ya si se dan circunstancias que aconsejen un pronunciamiento sobre la concurrencia de las causas de abstención». Entre ellos, cita aspectos como el uso de las llamadas transferencias de financiación –el sistema que fue utilizado para sufragar los ERE–, el sistema de control de la actuación, el funcionamiento de los órganos de gestión de y coordinación entre consejerías y, por último, el contacto que haya podido tener con otros altos cargos de la Junta.