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La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. / EFE -
La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. / EFE -
La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. / EFE
Para ser elegida presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz necesita el voto favorable de PP, Podemos o Ciudadanos, pero hoy ha entrado en el Parlamento sabiendo de antemano que, dijera lo que dijera, ninguna de estas formaciones le iba a dar su apoyo. Aun así, en cuanto Díaz ha empezado su discurso de investidura ha quedado patente que el PSOE, la fuerza más votada en las últimas elecciones, está sujeto a las condiciones del resto de partidos políticos, que han fijado en la lucha contra la corrupción la principal de sus demandas. La socialista ha presentado 20 medidas de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática, algunas de ellas son competencia del Gobierno central, y precisan, incluso, de una reforma de la Constitución.
Entre las iniciativas enunciadas, destacan que las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales, que se obligará a los partidos a publicar sus retribuciones y su contabilidad, que no habrá imputados en las listas electorales, que habrá acceso por internet de toda la normativa de los partidos, procedimientos de control, cuentas, ingresos y gastos electorales; la remisión anual a la Cámara de Cuentas de la contabilidad de los partidos, haciéndolas públicas vía telemática; que los partidos financiados ilegalmente por actos de corrupción de sus cargos públicos, deben ser responsables patrimonialmente; hacer pública la declaración de bienes, actividades e intereses e IRPF de todo cargo electo y su cónyuge, y promover una iniciativa legislativa autonómica para que el Congreso adopte cambios, incluida la reforma constitucional, para que las alcaldías, los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno sea elegido por sufragio universal en segunda vuelta, y que el sistema electoral sea reformado con listas desbloqueadas o abiertas. Con esta batería de medidas, Díaz ha logrado amarrar el apoyo de Ciudadanos en segunda vuelta, pero también busca implicar al PP, a Podemos y a IU. La socialista no ha eludido la autocrítica, y ha mencionado expresamente el caso ERE y el caso de los cursos de formación, que han afectado y afectan a su gobierno, para ejemplificar lo necesario que son las medidas que ha propuesto.
Asimismo, ha prometido hoy que si es investida reducirá entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas, que habrá un plan específico para que aflore la economía sumergida y que se establecerán nuevas deducciones regionales.
Díaz ha prometido que habrá deducciones en el IRPF por creación de empleo y por aportaciones a proyectos empresariales que contribuyan al nuevo modelo productivo, y que se introducirán incentivos fiscales a la creación de empresas que creen trabajo, a las inversiones en I+D+i y a las actividades que incidan favorablemente en el medio ambiente.
Por otra parte, se ha comprometido hoy a reducir en el 10 por ciento el número de altos cargos y contratos de alta dirección y personal eventual existente en el Gobierno regional y ha asegurado que elaborará un plan de eficiencia del sector público.
En su discurso en la sesión de investidura, Díaz ha hecho de esta forma un “guiño” a Podemos, que entre las medidas que reclama al PSOE en la negociación para facilitar su investidura incluye la reducción de más de 23 millones de euros en altos cargos.