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Luciano Alonso, al inicio de su comparecencia ante la comisión que investiga el fraude en la formación. / EFE
El exconsejero de Educación y Cultura Luciano Alonso, que gestionó el traspaso de las competencias de formación para parados de Empleo a Educación, lamentó que con “los grandes titulares de fraude masivo se contribuyó a la destrucción de la formación para el empleo” con la que defendió que “se ha hecho un buen trabajo” que “hay que volver a recuperar”, al tiempo que dejó claro que en el sistema participaban ONG, pymes, ayuntamientos, diputaciones, asociaciones y hasta instituciones religiosas. “Estaba toda la sociedad andaluza haciendo formación”, alegó.
Alonso, cuya comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento sobre presuntas irregularidades en las ayudas a la formación se retrasó un día al coincidir su citación ayer con su declaración ante el TSJA por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en el nombramiento del director del Centro Andaluz de Flamenco, defendió que ante el traspaso de las competencias, Empleo le remitió 8.503 expedientes vivos de ayudas a la formación, para cuya revisión ante la petición de agilizarlos de la Cámara de Cuentas y la Intervención, reclamó personal de refuerzo. Alonso defendió que ni las exceptuaciones que ampliaban el plazo a las entidades beneficiarias para justificar las ayudas y les permitía seguir recibiéndolas ni los expedientes de reintegro de ayudas sin justificar se pueden “identificar como fraude” sino que se trata de procedimientos administrativos habituales. De hecho defendió que el sistema andaluz “ha sido mucho más garantista con el dinero público que cualquier otro”.
En su primera intervención, Alonso defendió las múltiples comparecencias en el Parlamento sobre este tema realizadas en su etapa de consejero y las más de 400 preguntas respondidas a los grupos al respecto, al tiempo que detalló porcentajes del tipo de entidades, empresas o instituciones a las que se abrieron expedientes de exceptuaciones para insistir en que estaba representada “toda la sociedad andaluza”.
Aunque reivindicó la formación, al ser preguntado por el PP si cuestionó a la presidenta andaluza Susana Díaz su decisión de paralizar la convocatoria de ayudas, aseguró que no lo comentó con ella y se remitió a que le pregunten por ello esta tarde, pero que durante su mandato “no vi condiciones idóneas para restablecerla”, al asumir el mandaron de revisar los más de 8.500 expedientes vivos desde 2007. Unos expedientes entre los que no había ninguno prescrito, según respondió a la diputada de C’s, Marta Bosquet.
El diputado popular José Antonio Torrico le preguntó por las empresas del exconsejero Ángel Ojeda, que está ganando en los tribunales todas sus reclamaciones de impagos a la Junta por cursos impartidos por su grupo. “Yo no vigilaba empresa por empresa. Yo di instrucciones de que de 2007 para adelante se revisaran por igual”, respondió.