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Dos excavadoras en el entorno del Parque Nacional de Doñana. / El Correo
El Gobierno reconoce a Gas Natural un total de 6.342.854,96 euros en concepto de retribución por costes de operación y mantenimiento por el almacén subterráneo de Doñana.
El importe que reconoce Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital figura en una orden ministerial publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de diciembre en la que se revisan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y las retribuciones de las actividades reguladas para 2017.
Este año, el Gobierno ha congelado la parte regulada del recibo del gas en 2017, de modo que el precio solo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización.
Según consta en la orden ministerial elaborada por el departamento que dirige Álvaro Nadal, para la revisión de enero «se ha tomado la decisión de continuar en 2017 la aplicación de los peajes y cánones».
Energía asegura que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015.
Además, el Gobierno reconoce un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12 por ciento.
Los costes total del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más que lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1 por ciento de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. En total, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto.
El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones.
También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París acerca de los costes del gas importado desde Argelia. En total, la tarifa debe asumir 163 millones en cinco años por este concepto.
La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que esta empresa había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a apenas 7,1 millones de euros.
Las reacciones no se han hecho esperar. La organización conservacionista WWF dice que es «una inmoralidad y una irresponsabilidad» que «se pague con el dinero de los ciudadanos la destrucción de Doñana». El portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona, señala que esto «es totalmente inmoral y fuera de cualquier modelo lógico que deberíamos tomar como sociedad para cualquier proyecto a largo plazo relacionado con energía», toda vez que asegura que «muestra que el Gobierno central sigue apostando por energías no renovables y no sostenibles en lugar de apostar por un modelo distinto y por el futuro».
El senador por el PSOE de Huelva Amaro Huelva, por su parte, ha criticado las ayudas concedida al proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana, que ha calificado de «barrabasada» y de «recompensa por ponernos veneno a los que vivimos en el entorno de Doñana». Según ha señalado Amaro Huelva en rueda de prensa, se trata de «una más de Rajoy», ya que, tras la manifestación celebrada en El Rocío «en la que los ciudadanos pedían que no se instalara gas por debajo de Doñana, parece que Rajoy tiene su hoja de ruta y le da exactamente igual lo que digan los ciudadanos y la sociedad que vive en Doñana».
El secretario de Organización de IULV-CA, Toni Valero, también ha valorado la noticia y ha asegurado que el Gobierno de la Nación busca «su puerta giratoria» en Gas Natural. «Lamentablemente empezamos 2017 con la misma desvergüenza con la que acabamos 2016», ha afirmado Valero a Europa Press, añadiendo que estamos ante «otro botón de muestra de la financiación del Gobierno a las eléctricas».