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Susana Díaz conversa con Juan Manuel Moreno Bonilla. / Raúl Caro (Efe) -
Antonio Maíllo, portavoz de IU. /Raúl Caro (Efe) -
Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos. / Raúl Caro (Efe) -
Juan Marín, portavoz de Ciudadanos. / Europa Press
El resultado del grupo de trabajo que nacerá en pocos días para tratar de consensuar una propuesta única andaluza sobre el modelo de financiación autonómica tuvo ayer un preámbulo esperanzador. Todos los grupos mostraron su disposición a priorizar los intereses de los andaluces por encima de los partidistas. La Junta, incluso, no tuvo reparos en reconocer a viva voce «la cordialidad y el buen clima» que mostraron los líderes de los distintos partidos en su encuentro con Susana Díaz. Eso sí, hay matices, aspectos que necesitan ser más concretados y asuntos que se cuelan inevitablemente en esta cuestión de la financiación tal y como es el sistema fiscal.
De partida, la Junta de Andalucía ha presentado un decálogo de diez puntos a partir de los cuales el grupo de trabajo pueda reflexionar y profundizar. La Junta de Andalucía considera indispensable la aplicación de un nuevo modelo de financiación después de que el vigente haya sido prorrogado hasta en dos ocasiones, «sería una tomadura de pelo», dijo Susana Díaz.
Parece inevitable que en este periodo de estudio el debate sobre la fiscalidad andaluza (qué y cuántos impuestos pagan los ciudadanos) aparezca en las últimas semanas. Casi todos los grupos hicieron referencia a esta cuestión, y como no, volvió a salir a la palestra el controvertido asunto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
El documento de la Junta se basa en las conclusiones presentadas el pasado julio por la comisión de expertos encargada por el Ministerio de Hacienda. De este modo, el Ejecutivo andaluz plantea que la población es la variable decisiva para la distribución de recursos para lo que habría que actualizar los criterios y las ponderaciones para que la población ajustada se aproxime a la población total. También recoge la necesidad de crear un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos Fundamentales, que permitiría salvaguardar los recursos que las comunidades destinan a salud, educación y servicios sociales en momentos de recesión económica, y queden blindados efectivamente los pilares del Estado de bienestar.
Otro de los puntos que recoge el decálogo es la eliminación progresiva de los mecanismos extraordinarios de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y recuperar así los necesarios márgenes de autonomía y corresponsabilidad fiscal. El Gobierno puso en marcha los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez a partir de 2012, formalizados como préstamos a las comunidades (se calcula que Andalucía ha pagado unos 1.500 millones de euros en intereses).
IU y Podemos fueron los dos partidos que más hincapié hicieron en vincular el debate sobre el modelo de financiación con el sistema fiscal andaluz. Tanto Antonio Maíllo como Teresa Rodríguez apuntaron a cierta «incoherencia» de la Junta a la hora de pedir más dinero para las comunidades al mismo tiempo, que en su opinión, «se agujerea» el sistema fiscal andaluz, en referencia clara al impuesto de Sucesiones. El portavoz de IU llegó a pedir a la Junta que deje de lado la reforma de determinados impuestos en la negociaciones de los presupuestos hasta no conocer las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento andaluz.
Por su parte, Ciudadanos, uno de los partidos involucrados en la negociación con los tributos, reconoció en palabras de su portavoz, Juan Marín, que para el PSOE-A resulta en este momento «difícil» pedir más dinero por la vía de la financiación al mismo tiempo que baja los impuestos. Marín negó «el agujero» y que la rebaja del tributo por Sucesiones ponga en riesgo la Sanidad o la Educación andaluza. El dirigente de Cs se sentará hoy con la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar la reforma de esta tasa, condición para que negocie con el PSOE los presupuestos de 2018. «Queremos estabilidad, pero no a cualquier precio. Pueden llamar a Moreno Bonilla, que seguro que apoya los presupuestos», ironizó el portavoz de Ciudadanos.
La formación naranja aspira a situar en el millón de euros el nuevo límite exento (en la actualidad está en los 250.000 euros). Fuentes de la Junta aseguraron ayer que habrá acuerdo con Ciudadanos, aunque situaban el límite exento en una cifra inferior.
Por su parte, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP-A, que ante el debate sobre el nuevo modelo se hace necesaria plantear una rebaja de la presión fiscal (IRPF y Sucesiones). Reiteró su propuesta de bonificar al 99 por ciento el impuesto y consideró la propuesta de Ciudadanos de subir el mínimo exento al millón de euros como «insuficiente y poco ambiciosa para Andalucía».
La presión de Ciudadanos, la insistencia del PP y una campaña en contra de este impuesto va a obligar al Gobierno andaluz a volver a reformar un impuesto que ya fue modificado hace un año. «Sólo lo pagan el siete por ciento de los andaluces y sólo lo van a pagar los muy ricos», aseguró ayer Susana Díaz en una entrevista radiofónica en Canal Sur.
Juan Manuel Moreno Bonilla (PP): «PP y PSOE deben llegar un pacto a nivel nacional»
El PP señaló coincidencias con la Junta en que Andalucía necesita mejor financiación autonómica y que el modelo actual es negativo para los intereses de A. (pero recordó que el modelo no es del PP, que fue aprobado por el PSOE.Moreno Bonilla considera que debe haber un acuerdo entre PP y PSOE a nivel nacional para que el modelo no falle como el anterior. «Si no se da ese acuerdo no habrá un cambio en el modelo de financiación».
Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta: «No permitiremos excusas para evitar un acuerdo»
Respecto al hecho de que el PP haya considerado fundamental un acuerdo a nivel nacional entre PP y PSOE, el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios recordó que hubo un acuerdo entre los presidentes autonómicos en la Conferencia de Presidentes y que estamos ante la defensa de los intereses de Andalucía. Dejó claro que la Junta no va a permitir que haya excusas para evitar un acuerdo común entre todas las fuerzas políticas.
Antonio Maíllo (IU): «Hay que vincular cómo se financian los ayuntamientos»
El coordinador de IU, Antonio Maíllo, quiso poner en valor el grupo de trabajo que se creará en el Parlamento, órgano, que en su opinión, debe liderar el debate «y no Susana Díaz». Para ello pidió agilidad y no caer en el retraso tal y como parece querer el Gobierno central. Maíllo considera que el grupo de trabajo debe abrirse a la sociedad civil. Además cree que no debe dejarse de lado la financiación local ni tampoco olvidar el debate sobre el modelo territorial.
Juan Marín (Ciudadanos) «La bolsa de reparto para las comunidades debe aumentar»
Ciudadanos coincide en gran parte con el decálogo presentado por la presidenta puesto que se basa en el informe de la comisión de expertos. «No cabe pedir otra comisión para hacer un informe sobre otro informe», dijo Juan Marín sobre un posible retraso en su nuevo modelo. Planteó que la bolsa de reparto para las comunidades tiene que aumentar ya que no se puede dar menos a las comunidades y porque los servicios básicos esenciales son más costosos que en 2009.
Teresa Rodríguez (Podemos): «El gasto sanitario y educativo debe garantizarse por ley»
Podemos plantea que en la reforma del sistema de financiación se plantee una suficiencia financiera para garantizar los derechos básicos recogidos en la Constitución y en el Estatuto. Para ello habría que calcular cuánto cuestan estos servicios y a partir de ahí determinar esa garantía financiera. Teresa Rodríguez también cree necesario que se garantice un mínimo de inversión por ley: 5 por ciento para Educación y 6,5 por ciento para Sanidad.