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Un trabajador se encarga de los detalles de limpieza previos a la entrega del vehículo al cliente. / José Luis Montero -
Un trabajador de Discapjoyas. / José Luis Montero -
Varios operarios se afanan en la limpieza de uno de los concesionarios del Grupo Avisa. / José Luis Montero -
Las oficinas de Discapjoyas están en el parque Arte Sacro. / José Luis Montero -
Avisa Servicios Integrales nació en 2006 para concentrar servicios externalizados. / J. L. Montero
Cuando un empleo es mucho más que cobrar un salario
Los centros especiales de empleo son la principal puerta de entrada al mercado laboral del colectivo discapacitado, labor no reconocida a veces y asfixiada por el retraso de las ayudas
Es el responsable de coordinar el trabajo que realizan diariamente unos 70 operarios para atender las necesidades de las comunidades de vecinos. «Soy su interlocutor». Son clientes exigentes, explica, aunque en verano, con el mantenimiento de las piscinas, es cuando más tarea dan. Se llama José María, tiene 35 años y empezó hace ocho a trabajar en Avisa Servicios Integrales. No es su primer empleo; ha hecho «un poco de todo», desde auxiliar administrativo hasta responsable de una tienda de recambios, donde permaneció cinco años y medio, hasta que le dieron la discapacidad por la prótesis ocular que lleva y que le impide la visión total de un ojo. «Te impide hacer grandes esfuerzos», pero pocas limitaciones más, reconoce este joven que en el futuro se ve desarrollando su carrera en Avisa Servintegra.
Jovita Gómez es la responsable del departamento de Recursos Humanos de esta empresa que pertenece al Grupo Avisa y que nació en 2006 para «autoabastecer» al grupo de servicios que tenía externalizados, como la limpieza de los coches antes de la entrega o el reparto de recambios de automoción entre concesionarios.
Un año después se convirtió en centro especial de empleo al ver que podían ofrecer esos mismos servicios y ampliar otros, como camareras de piso, limpieza y mantenimiento, jardinería, pequeñas reformas... para cubrir las necesidades de clientes ajenos al grupo.
A día de hoy suma cerca de 200 trabajadores, aunque hay picos de actividad según la temporada, como ocurre en verano, con el mantenimiento de piscinas o socorristas. ¿La primera sorpresa? «Al principio crees que te tienes que limitar a servicios básicos, pero nos hemos encontrado con un personal muy cualificado y con muchas ganas». Si destaca una cualidad es ésa, la entrega. «Se implican mucho porque agradecen tener una segunda oportunidad».
La característica principal de un centro especial de empleo es que al menos el 70 por ciento de su plantilla debe estar integrada por personas con algún tipo de discapacidad, pero funciona como cualquier otra empresa. La mayor dificultad radica en que, «al tratarse de personas con enfermedades y capacidades disminuidas, se necesita más mano de obra para un mismo puesto de trabajo» y eso se nota en los costes laborales que soportan este tipo de empresas, explica Juan López Marín, director general de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza, Aceca, que representa a algo más del 60 por ciento del sector.
No se trata de una cuestión baladí porque es la razón que justifica los incentivos que prevé la administración para compensar ese desequilibrio y que este tipo de centros pueda competir en el mercado con el resto de empresas. Y es que son trabajadores que, según sus circunstancias, tienen visitas frecuentes al médico o requieren cogerse periodos de baja que necesitan ser cubiertos con más personal.
«Nosotros estamos en constante búsqueda, bien porque terminan algunos contratos, porque haga falta para cubrir vacaciones y bajas o por nuevos servicios», señala Jovita Gómez, que precisa, no obstante, que hay una parte de la plantilla estable. ¿Y cuáles son las condiciones? «El contrato inicial es de un año, que puede tener dos prórrogas anuales o un contrato temporal para tareas estacionales o cubrir vacaciones. El salario que pagamos está por encima de convenio (que es de 760,40 euros); pagamos de inicio en torno a 850 euros y luego intentamos ir subiendo».
La cuantía de la ayuda pública por mantenimiento de un puesto de trabajo equivale a un máximo del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI) en los periodos de ocupación superiores a un mes y jornadas laborales a tiempo completo.
«No es un incentivo que venga a complementar, es que hace que podamos aguantar y competir», reseña López Marín. La realidad es que es un dinero que la empresa tiene que adelantar en el pago mensual de las nóminas y que se liquida a final de año.
«Una empresa que quiera vivir de las subvenciones no puede hacerlo», zanja Gómez, que reconoce que tienen pendiente de cobro ayudas de tres años anteriores.
En la comunidad andaluza existen un total de 527 centros especiales de empleo, que son los que realmente ayudan a las personas con discapacidad a incorporarse al mercado laboral. De hecho, un 80 por ciento de las contrataciones a este colectivo procede de estas empresas, que en Andalucía tenían contratadas a un total de 11.537 personas, de las que el 91 por ciento (10.546) tienen algún tipo de discapacidad, según los datos a diciembre de 2015 del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En su mayoría presentan alguna discapacidad física (el 59 por ciento), frente al 25 por ciento de carácter psíquico y al 15 por ciento sensorial. Accidentes de tráfico y laborales como del sector de la construcción son una fuente importante de la incapacidad de muchos de quienes se acercan a estos centros a pedir trabajo. Además, predominan los hombres (60,3 por ciento) frente a las mujeres (39,6 por ciento). La mitad de ellos tiene más de 45 años, mientras que el 41 por ciento se sitúa en la horquilla de entre 31 y 44 años.
Discapjoyas, ubicada en el parque empresarial Arte Sacro, nació en 2006 de la mano de Palmira Redondo y su padre Antonio, maestro joyero con más de 30 años de experiencia. «Tenemos familiares muy cercanos con algún tipo de discapacidad, estamos muy concienciados con el tema y vimos la necesidad de ayudar a personas que tienen un gran potencial, y a las que solo les hace falta creer en ellas y darles una oportunidad», precisa.
Aunque la ley de integración social del minusválido (LISMI) de 1982 establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben reservar un cupo del 2 por ciento de la plantilla a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, lo cierto es que muchas vieron el cielo abierto cuando en 2005 se aprobaron medidas alternativas a la contratación entre las que se incluyen la contratación de bienes o servicios a centros especiales de empleo, recuerda Palmira.
En su opinión, «no hay conciencia del papel fundamental que jugamos en el colectivo, sin nosotros sería muy complicado la inserción laboral», mientras lamenta que las ayudas llegan tarde y, en ocasiones, con reducciones.
Tras varios años muy complicados por el bloqueo de las ayudas, la situación actual ha cambiado considerablemente a mejor. «Hay un compromiso de la Junta para abonar hasta noviembre de 2015 y para que antes de final de año haya una nueva orden que regule los incentivos que desaparecieron en los primeros meses de 2014». Y es que las convocatorias anuales eran un parche para cubrir la ausencia de una orden que ahora pretende restablecer ayudas que desaparecieron con la anterior orden, explica López Marín.
Aceca ha tenido acceso al borrador de la misma y en él se incluye la recuperación de otras líneas de ayuda como el incentivo a la creación de empleo, que aumentará un poco la dotación que tenía, que era de 12.000 euros. También regresa la ayuda por adaptación al puesto de trabajo (por ejemplo, para aquellas empresas que tengan dificultades de acceso), así como la ayuda extraordinaria de viabilidad que se puede otorgar en una única ocasión y que pretende «salvar una situación de crisis puntual».
Los años de vacas flacas y la asfixia financiera por la paralización de las ayudas a los centros especiales de empleo, que dejaron de cobrar los incentivos desde 2013 –y algunos incluso varios años antes–, han provocado el cierre «de entre un 20 y un 25 por ciento» de este tipo de empresas en este periodo, señala Juan López Marín, director general de Aceca.
«En los primeros meses de 2014 dejaron en suspenso la orden que regulaba los incentivos y en adelante se acumuló una deuda muy difícil de aguantar para los centros» que, en su mayoría, no tienen detrás el respaldo de grandes socios capitalistas para resistir. La situación actual, no obstante, ha mejorado. La Junta sacó las órdenes relativas a 2014 y 2015, de manera que «en las provincias de Granada, Almería y Huelva casi el 100 por cien de los centros que habían solicitado la subvención la han recibido». No han corrido la misma suerte los de Sevilla, Cádiz, Málaga o Jaén.
En el caso de estas provincias, la situación es más crítica. En algunos centros los pagos se dejaron de abonar en los años 2010, 2011 y 2012. Y lo peor, asegura López Marín, es que «no hay perspectivas de cobrarlos por problemas administrativos».
¿La razón? El colapso de trabajo de las delegaciones provinciales de Empleo, ahogadas por las investigaciones judiciales del caso de los ERE y los cursos de formación, explica. El pasado mes de agosto la Consejería de Empleo abrió una convocatoria extraordinaria para liquidar las ayudas pendientes entre 2011 y 2014 en esas cuatro provincias (Sevilla, Cádiz, Jaén y Málaga) con un presupuesto de 19,5 millones de euros.