Los periodos de crisis tienen sus termómetros particulares para medir la intensidad con la que azota a hogares y empresas. Uno de ellos es el volumen de insolvencias. El año pasado, 149 sociedades y 18 personas físicas sin actividad empresarial fueron declarados en concurso de acreedores por los juzgados ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas.
La antigua figura de la suspensión de pagos sumó así 167 procedimientos en la provincia de Sevilla, un 10 por ciento menos que los contabilizados en 2016, con lo que se retorna al nivel de los concursos aprobados en 2015 (168), según arroja el balance del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con la excepción de 2016, año en el que se produjo un repunte de las quiebras declaradas, la tendencia ha sido a la baja en este tipo de procedimientos. El techo se alcanzó en 2012, cuando los tribunales reconocieron la insolvencia a 333 empresas y hogares sevillanos. Desde entonces, la cifra ha ido menguando, aunque aún está muy lejos de situarse en los niveles previos a la crisis. En 2007 apenas 23 sociedades y familias se declararon en concurso de acreedores.
Si entramos al detalle, las más afectadas por la suspensión de pagos fueron empresas dedicadas al comercio, sobre todo mayorista, con un total de 35 concursos. Un total de 17 firmas estaban especializadas en el ámbito de la industria y la energía, mientras que fueron 16 las sociedades concursadas dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas. Quince empresas de la construcción también se vieron inmersas en este procedimiento, al igual que una docena de firmas orientadas a las actividades administrativas y servicios auxiliares.
Por antigüedad, fueron 23 las compañías que atesoraban dos décadas de vida o más que fueron declaradas en concurso, aunque el mayor número –un total de 36– acumulaba menos de cuatro años de andadura.
Además, de esas 149 firmas concursadas, seis contaban con una plantilla de más de cien trabajadores y otras diez mantenían entre 20 y 99 asalariados. En el extremo contrario, 34 concursos afectaron a sociedades sin trabajadores en nómina.
Una de cada tres sociedades que no pudo hacer frente a sus pagos en 2017 registró un volumen de ingresos anual inferior a los 250.000 euros. Por contra, dos firmas insolventes contaban con un nivel de facturación de entre cinco y diez millones de euros y una empresa de la provincia reconoció ingresos por encima de los diez millones de euros.
Sin cambios en Andalucía
Un total de 451 empresas y 76 personas se acogieron al concurso en Andalucía el año pasado, lo que supone un total de 527 deudores concursados, que representan un 1,3 por ciento menos que el año anterior, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las empresas en quiebra se han reducido un 1,52 por ciento, mientras que el número de familias se mantiene. En España, sumaron 5.131 concursados durante 2017, lo que supone un descenso del 2,3 por ciento respecto a 2016.