Los dispositivos municipales de grandes actos culturales y deportivos y los programas de intervención social en un barrio deteriorado o que ha sufrido algún tipo de daño por un fenómeno climatológico adverso se completarán con personas que deben cumplir condenas de trabajos para la comunidad tras cometer delitos leves. Éste es el contenido del acuerdo firmado ayer entre el Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias que servirá para complementar la labor de los servicios de Protección Civil y, al mismo tiempo, ejecutar más de 1.500 penas judiciales pendientes de cumplimiento. Estos servicios no tendrán coste alguno para el Consistorio que sólo deberá abonar 0,65 euros por voluntario para cubrir un seguro que sólo se responsabilizará de los riesgos laborales básicos.
El convenio firmado entre las dos instituciones, el más extenso de estas características asumido por una Administración Local, contempla un seguimiento del cumplimiento de esta pena, por parte del juez de vigilancia, así como la creación de una comisión que se encargará de determinar las funciones que se le asignan a cada uno de los condenados. En total, se habilitan 14.400 jornadas de trabajo de entre seis y nueve horas.
La mayor parte de los afectados por estas nuevas condenas, un 80%, han sido sancionados por cometer delitos relacionados con el tráfico, como la circulación con exceso de velocidad. Estas personas deben ahora prestar servicios "voluntarios de forma forzosa", según resumió el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, quien firmó el convenio, que se ejecutará de forma inmediata, con la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo
