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150 detenidos, algunos en Jaén, en una macrooperación contra el fraude en el cobro del paro

Hay otras 277 personas imputadas por su implicación en una trama de treinta empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre  300 a 500 euros. 

el 01 jul 2012 / 09:34 h.

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Agentes de la Policía Nacional han desarrollado una macrooperación  contra el cobro fraudulento del paro y del subsidio por desempleo en  la que 150 personas han sido detenidas --algunas de ellas en Jaén-- y  otras 277 imputadas por su implicación en una trama de treinta  empresas que ofrecía falsas altas como trabajador a cambio de entre  300 a 500 euros.  

Así, los periodos de trabajo ficticio han permitido a más de 400  personas --en su mayoría de origen marroquí y asentados en Cataluña--  regularizar su situación en España, así como percibir 2,6 millones de  euros del Servicio Público de Empleo Estatal, según ha informado el  Ministerio del Interior en un comunicado.  

El perjuicio total a las arcas del Estado asciende a los 7,1  millones de euros, dado que a las prestaciones fraudulentas hay que  sumar la deuda de 4,5 millones de euros que las empresas, a nombre de  testaferros y sin apenas actividad laboral real, contrajeron con la  Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar por los  seguros sociales.

Uno de los detenidos, testaferro que figuraba como administrador o  representante de ocho de las sociedades y también constituyente en 17  de las empresas, trabajaba en realidad como repartidor de pizzas.

Las investigaciones se iniciaron como consecuencia del Protocolo  de Colaboración para el Control de Empresas Ficticias, Contrataciones  y Altas Fraudulentas en la Seguridad Social. La Inspección Provincial  de Trabajo de Barcelona detectó a mediados de 2011 la existencia de  una serie de empresas, con deudas en sus cotizaciones de seguros  sociales y aparentemente sin una actividad laboral real.

Los investigadores determinaron que un grupo de 30 empresas (16  sociedades limitadas y 14 sociedades civiles particulares) eran  usadas para presentar sucesivas altas y bajas de trabajadores, en  ocasiones contratados por varias de las mercantiles del grupo.  

En este sentido, las sociedades incumplieron "sistemáticamente y  desde el inicio" de su actividad la obligación de cotizar por los  seguros sociales de sus trabajadores, presentando descubiertos por  impago de cuotas por un total de 4,5 millones de euros.

TESTAFERROS DE SECTORES "MARGINALES"

En la constitución de las mercantiles se consignaba como socios y  administradores a personas que no ejercían tales funciones y que no  eran sino meros "testaferros" procedentes de sectores marginales y de  exclusión social.  

El objetivo consistía en ocultar la verdadera identidad de los  responsables, así como la localización de las empresas y en  definitiva eludir las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a  cabo.  

Así, los domicilios sociales y de actividad empresarial  facilitados en los datos de inscripción de las sociedades eran  falsos. Además, la red empresarial se servía de varios profesionales  de la gestión para canalizar la confección de contratos, nóminas,  partes de alta y baja y certificados de empresa.

Las actividades declaradas en el momento de la constitución de las  empresas eran muy amplias, aunque finalmente eran inscritas en la  Seguridad Social como únicamente dedicadas a la construcción y la  jardinería.  

El grupo empresarial dio de alta en el Régimen General de la  Seguridad Social a un total de 3.375 trabajadores, de los que 398,  tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente  establecidos o para completar estos periodos, obtuvieron prestaciones  y subsidios por desempleo por un total de 2,6 millones de euros en  base a esa supuesta actividad laboral.

Igualmente, al menos 406 personas habrían utilizado el alta en la  Seguridad Social como presuntos trabajadores en algunas de las  empresas investigadas para solicitar la renovación de la  correspondiente documentación de trabajo y residencia en España o  reagrupación familiar, a la que muchos de ellos no hubieran tenido  derecho.

Las investigaciones, que continúan abiertas, han sido  desarrolladas por la Brigada de Delincuencia Económica de la  Comisaría General de Policía Judicial y por las Brigadas Provinciales  de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Tarragona y Gerona, con la  colaboración del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Linares  (Jaén) y las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la  Seguridad Social, la Dirección Provincial del Servicio Público de  Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo de Barcelona.

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