Las asociaciones tienen todavía que dar su visto bueno al III Plan de Inmigración antes de que, como anunció el consejero de Empleo, Antonio Fernández, se apruebe en los primeros meses de 2010. Sobre la mesa tienen un documento que prevé hasta 2012 una inversión de 2.500 millones de euros -1.300 más que el anterior plan- y que incide especialmente en educación, salud y una mayor intervención del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para favorecer los flujos migratorios y las contrataciones en origen. Para este 2010, Empleo prevé una inversión total de 568 millones.
La mayor parte del presupuesto del plan (1.244 millones en total y 276 en 2010) se la lleva el área socioeducativa, que tiene, entre otros objetivos, garantizar la escolarización en igualdad de condiciones o la puesta en marcha de programas que fomenten la interculturalidad y el aprendizaje de la lengua española por parte de la población inmigrante.
El área sociosanitaria, por su parte, se llevará casi un millón de euros del fondo total (227 en 2010) para la elaboración de los diagnósticos sobre las necesidades de salud de las personas extranjeras así como para actuaciones de promoción de la salud.
Destacable es también la presencia en el área sociolaboral de este III Plan de Inmigración de los principios del VII Acuerdo de Concertación Social. Además del fortalecimiento del SAE y la contratación en origen, en este apartado está previsto impulsar actuaciones encaminadas a favorecer que las personas inmigrantes que puedan retornar a sus países lo hagan en mejores condiciones de empleabilidad gracias a la formación profesional adquirida en Andalucía, así como favorecer el desarrollo de iniciativas empresariales bajo la modalidad del autoempleo.
Uno de los elementos más novedosos del documento es que dibuja un nuevo escenario migratorio en el que el fenómeno seguirá siendo "muy dinámico" a pesar de que el volumen de los flujos de personas "ha entrado en una fase de estabilización". Asimismo, predice la aparición de las llamadas generación y media y segunda generación, junto a las dificultades derivadas de la crisis.
El nuevo plan, que de tener el sí del Foro Andaluz de la Inmigración, saldrá adelante con un considerable retraso -estaba previsto que entrara en vigor en este 2009-, debe hacer frente también a las nuevas competencias que asume la Junta de Andalucía en materia de inmigración en virtud del Artículo 62 del nuevo Estatuto, según el cual es el Gobierno autonómico el que tramita los permisos de trabajo que, al igual que los de residencia, sigue concediendo el Estado.
