La investigación llevada a cabo en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva, relacionada con la prostitución en clubes de alterne tras dos años de tramitación se ha saldado, por el momento, con 52 imputados, de los que 26 han sido detenidos, ya puestos en libertad, según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Durante estos dos años de investigación, se han llevado a cabo 16 órdenes de entrada de registro, 500 medidas de bloqueo de cuentas, incautaciones de bienes y la clausura de cinco locales, bloqueando toda la actividad económica.
Así, todos los detenidos han sido puestos en libertad con cargos tras negarse a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que ya ha levantado el secreto de sumario.
Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, a algunas de estas personas se le han aplicado medidas cautelares y también se le ha solicitado la retirada del pasaporte y del DNI para que no puedan salir del país.
Los delitos que se les imputan globalmente son cohecho, el delito de prostitución, contra el derecho de los trabajadores, de organización criminal y de blanqueo de capitales.
En la madrugada del lunes llegaron las ramificaciones de esta investigación a la provincia de Huelva, donde se clausuró un club de alterne, que se inauguró en 2011 en el nuevo polígono industrial de la localidad. Ese mismo día fueron detenidos el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Ayamonte Carlos Fernández; el presidente de la Cámara de Comercio de la localidad, Javier González; el propietario de un club de alterne del municipio y dos responsables del mismo --quedando uno de ellos en libertad tras declarar ante la Policía--, en relación a la concesión de la licencia de apertura al citado local.
Estas personas han quedado en libertad con cargos, pero con la obligación de comparecer ante el juzgado, tras prestar declaración este martes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla.
Por otro lado, según han informado fuentes de la investigación, parece ser que miembros de la organización, para conseguir sus objetivos, "presionaron de algún modo al alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo".
Cabe recordar que en julio de 2011 en el citado establecimiento ayamontino fueron detenidas cuatro trabajadoras, dos de ellas tenían sendas órdenes de expulsión, una carecía de pasaporte y otra por entrada ilegal en territorio nacional, por lo que no se descartan nuevas detenciones, así como nuevas ramificaciones relacionadas con la contratación irregular.
